Ada Colau propone un impuesto del 10% a la acumulación de viviendas para incentivar el alquiler asequible

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno para las elecciones del próximo 29 de noviembre, Ada Colau, ha presentado este miércoles una propuesta económica centrada en el sector inmobiliario. La medida consiste en la creación de un nuevo impuesto destinado a empresas y personas físicas con el objetivo de evitar la acumulación de inmuebles y desincentivar la especulación en el mercado de la vivienda en España.

El gravamen planteado por la coalición de izquierdas establece un tipo impositivo del 10% sobre el valor de cada inmueble. Según el diseño de la propuesta, esta tasa se aplicaría a las empresas desde la primera propiedad adquirida y a las personas físicas a partir de su cuarta vivienda, siempre que el valor acumulado de sus activos inmobiliarios supere los 800.000 euros. Quedarán exentos de este pago aquellos propietarios que destinen sus inmuebles al alquiler asequible y estable.

Las estimaciones de Frente Amplio indican que el tributo afectaría a la totalidad de los fondos de inversión que operan en el territorio nacional, así como a 737 empresas privadas con carteras de 50 o más viviendas arrendadas. En el ámbito de los particulares, la medida repercutiría en aproximadamente 262.000 multipropietarios, cifra que representa el 1,3% del total de poseedores de vivienda en el país y que se encuadra dentro del 10% de la población con mayores rentas.

La propuesta contempla excepciones específicas para entidades cuya tenencia de inmuebles se considere justificada por su función social. Entre ellas se encuentran las cooperativas de vivienda, las administraciones públicas y las organizaciones sin ánimo de lucro. Durante su intervención en la Cadena Ser, Colau ha subrayado que la vivienda es la «máxima prioridad» de su programa electoral, argumentando que el impuesto tendrá un carácter disuasorio para aumentar la oferta y propiciar una bajada de precios.

La implementación de este tributo se vincula a un plan de financiación para ampliar el parque público de vivienda. La formación propone destinar hasta el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a la construcción, adquisición y rehabilitación de pisos. Esta inversión, que el propio impuesto ayudaría a sufragar, tiene como meta alcanzar los dos millones de viviendas sociales en España para facilitar el acceso a la población.

Esta iniciativa se alinea con otros planteamientos realizados previamente por formaciones del espectro de la izquierda alternativa. En este sentido, se han recordado precedentes como la proposición de ley registrada por ERC, que sugería un impuesto complementario al IVA con carácter progresivo para aquellos propietarios que, disponiendo ya de dos viviendas, pretendieran adquirir inmuebles adicionales.