La Asociación Judicial Francisco de Vitoria denuncia presiones contra la jueza instructora del caso David Sánchez
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha manifestado su firme condena ante los presuntos ataques y actos de hostigamiento dirigidos contra la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Biedma, encargada de la investigación que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, prestó declaración recientemente como perjudicada en la Audiencia Nacional en el marco de una causa sobre presunto espionaje y acoso.
A través de un comunicado institucional, la segunda asociación judicial por número de integrantes en España ha subrayado la necesidad imperativa de combatir cualquier forma de injerencia sobre los tribunales. La organización advierte que las circunstancias que se investigan, de resultar acreditadas, revestirían una «extraordinaria gravedad institucional» al comprometer los pilares del Estado de derecho.
Para la AJFV, la posible obtención de información reservada sobre jueces, el seguimiento de sus movimientos personales o de su entorno familiar, así como las campañas de descrédito, constituyen conductas incompatibles con los principios democráticos. En este sentido, la asociación distingue entre la crítica legítima a las resoluciones judiciales y las actuaciones dirigidas a «condicionar, intimidar, hostigar o desacreditar» a quienes ejercen la potestad jurisdiccional.
La declaración de la magistrada Biedma se produjo la semana pasada ante el juez Santiago Pedraz, instructor del denominado ‘caso Leire Díez’. Durante su comparecencia, la jueza relató haber sufrido situaciones de presunto acoso por parte del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, a quien los informes de la Guardia Civil vinculan con una presunta trama. A pesar de la presión descrita, la instructora aseguró que estas circunstancias no han interferido en su independencia ni en el desarrollo de la investigación sobre David Sánchez.
La asociación judicial ha concluido su comunicado recordando que la protección de la independencia judicial no es un privilegio corporativo de los magistrados, sino una garantía fundamental para la ciudadanía. Según la AJFV, el derecho a una justicia imparcial y sometida únicamente al imperio de la ley debe ser preservado en todo momento para asegurar la integridad del sistema democrático.
