España reafirma la defensa de sus empresas en Cuba y rechaza sanciones extraterritoriales
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha manifestado este martes el compromiso del Gobierno para proteger los intereses de las empresas españolas que operan en Cuba. Durante su intervención en el foro del Atlantic Council en Nueva York, el jefe de la diplomacia española rechazó de forma explícita la aplicación de leyes y sanciones con carácter extraterritorial que afecten a la actividad comercial nacional en la isla.
Albares subrayó que la posición del Ejecutivo español es firme en cuanto a la defensa de sus operadores económicos en cualquier mercado internacional. El ministro enfatizó que España no acepta medidas coercitivas que pretendan extender su jurisdicción más allá de las fronteras de los Estados emisores, en clara alusión a las normativas internacionales que impactan sobre las inversiones extranjeras en el territorio cubano.
En el marco de este foro internacional, el ministro español destacó que cualquier planteamiento relacionado con Cuba debe cimentarse bajo el estricto respeto a la soberanía nacional, la integridad territorial y los principios fundamentales del derecho internacional. Asimismo, precisó que esta postura no es exclusiva de Madrid, sino que cuenta con el respaldo y la alineación de la Comisión Europea.
El titular de la cartera de Exteriores también expresó su rechazo al uso de la fuerza como herramienta en las relaciones bilaterales con el país caribeño. Según las declaraciones del ministro, la política exterior de España continuará abogando por el cumplimiento de los tratados internacionales y la protección jurídica de sus ciudadanos y empresas frente a presiones externas que contravengan el marco legal global.
Este pronunciamiento se produce en un momento de especial vigilancia sobre las relaciones transatlánticas y el impacto de las políticas de sanciones sobre terceros países. Con esta intervención, el Gobierno español reitera su papel como interlocutor en la región, priorizando la estabilidad institucional y la seguridad de las inversiones españolas en el exterior.
