Aldama señala una presunta trama de financiación irregular del PSOE vinculada al Ministerio de Transportes

El comisionista Víctor de Aldama ha declarado este miércoles ante el Tribunal Supremo, donde ha revelado la existencia de una presunta estructura de financiación irregular del PSOE. Según su testimonio en el marco de la causa por la venta de mascarillas durante la pandemia, el asesor ministerial Koldo García le habría instado a mediar con representantes de empresas constructoras adjudicatarias del Ministerio de Transportes para canalizar fondos hacia la formación política mediante pagos en efectivo.

Durante su comparecencia, Aldama ha detallado que su función consistía en actuar como nexo con los empresarios para facilitar estas «donaciones» que, por su naturaleza, no podían ser objeto de facturación oficial. El investigado ha afirmado ante el tribunal que era consciente de la irregularidad de la operativa, si bien justificó su participación en la búsqueda de oportunidades de negocio derivadas de su cercanía con el entorno del entonces ministro José Luis Ábalos.

Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción sostienen que Aldama entregó 10.000 euros mensuales a Koldo García entre octubre de 2019 y septiembre de 2022. El Ministerio Público destaca que estas entregas de efectivo se habrían realizado, en ocasiones, en presencia del propio Ábalos, puesto que los importes estarían destinados a ser repartidos entre el asesor y el titular de la cartera de Transportes.

La investigación también ha profundizado en el papel del comisionista en el rescate de Air Europa, operación aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020 por un importe de 475 millones de euros. Según la UCO, la intervención de Ábalos fue «relevante» para atender los intereses de Aldama, llegando a influir en la comunicación oficial del Ministerio sobre el futuro de la aerolínea y manteniendo una intensa actividad comunicativa con el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo.

Entre las contrapartidas documentadas por los investigadores figuran diversos beneficios en favor del exministro Ábalos. La Fiscalía subraya el pago de una estancia en un chalé de Marbella en agosto de 2020, así como la gestión de un piso en el Paseo de la Castellana y la compra de una propiedad en La Alcaidesa (Cádiz) a través de socios de la trama. Estos inmuebles habrían servido como gratificación por las gestiones políticas para acelerar licencias de operadores de hidrocarburos y otras licitaciones millonarias.

En el plano judicial, José Luis Ábalos y Koldo García se enfrentan a peticiones de pena que podrían alcanzar los 30 años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Para Víctor de Aldama, la Fiscalía solicita una condena de siete años de cárcel, tras aplicarle una atenuante de colaboración con la justicia debido a las revelaciones aportadas durante el proceso de instrucción.