Víctor de Aldama acepta un año de trabajos comunitarios para evitar la ejecución de su condena
El empresario Víctor de Aldama ha formalizado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo su consentimiento para realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante el periodo de un año. Esta decisión supone el cumplimiento de uno de los requisitos fundamentales impuestos por los magistrados para la suspensión de su pena de cuatro años y medio de prisión, dictada en el marco de la sentencia del denominado «caso mascarillas».
A través de un escrito remitido al alto tribunal este miércoles, el investigado ha expresado su voluntad de forma «libre, expresa, terminante y no condicionada». Este paso procesal era indispensable para activar la suspensión de la privación de libertad, tal como establece la normativa vigente y los términos específicos fijados en la resolución judicial ejecutoria para los casos de penas suspendidas.
La sentencia condenatoria contra Aldama se fundamentó en delitos de organización criminal y cohecho. No obstante, el Tribunal Supremo aplicó una atenuante analógica de colaboración muy cualificada, valorando su aportación al descubrimiento de los hechos delictivos y de los responsables de la trama. En consecuencia, se acordó suspender la entrada en prisión del empresario bajo una serie de condiciones estrictas de obligado cumplimiento.
Además de la prestación de servicios a la comunidad, la suspensión de la pena queda supeditada a que el condenado no vuelva a delinquir en un periodo de cinco años. Asimismo, Aldama deberá presentar informes semestrales sobre su actividad y conducta ante las autoridades competentes para asegurar el seguimiento detallado de las medidas impuestas por la Sala de lo Penal.
Respecto a la naturaleza de los trabajos, el escrito acata que estos se desarrollen en actividades de utilidad pública dentro de administraciones, entidades públicas o asociaciones de interés general. Será la Administración penitenciaria y los servicios sociales correspondientes los encargados de determinar el destino final donde el empresario prestará sus servicios de acuerdo con el plan de ejecución de la sentencia.
Este procedimiento se enmarca en la resolución definitiva del caso, en el cual el Tribunal Supremo ha buscado equilibrar la gravedad de los delitos cometidos con el reconocimiento a la colaboración prestada por el investigado para el esclarecimiento de la red de corrupción vinculada a la compra de material sanitario durante la pandemia.
