Se Acabó La Fiesta denuncia ante el Supremo la tramitación de los nuevos decretos de vivienda

La formación política Se Acabó La Fiesta (SALF), liderada por Luis ‘Alvise’ Pérez, ha interpuesto una denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el objetivo de que se investigue la aprobación de los nuevos reales decretos en materia de vivienda por parte del Consejo de Ministros. El escrito apunta a la posible existencia de un «fraude de ley o fraude constitucional» durante el proceso de tramitación de estas normas.

El antecedente jurídico en el que se apoya la denuncia es el rechazo parlamentario del pasado 2 de octubre, cuando el Congreso de los Diputados no convalidó los decretos previos presentados por el Ejecutivo. Cuatro días después de dicha votación, el Consejo de Ministros aprobó dos nuevos textos que, según manifestaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantienen la «esencia» de los que habían decaído, pese a incorporar diversas modificaciones.

En su escrito, SALF delimita el objeto de la investigación solicitando que se reconstruya el expediente preparatorio de las normas. La denuncia no sostiene que la aprobación de un real decreto constituya por sí misma un delito de prevaricación administrativa, recogido en el artículo 404 del Código Penal, sino que insta a determinar si durante la preparación o ejecución existieron actos administrativos autónomos que pudieran reunir requisitos de ilícito penal.

La formación subraya que, dado que el fraude de ley no constituye un delito autónomo, cualquier responsabilidad penal resultante deberá vincularse a conductas expresamente tipificadas. Por ello, han solicitado al Tribunal Supremo que requiera los expedientes electrónicos íntegros, incluyendo versiones sucesivas, firmas y metadatos, así como las memorias de análisis de impacto normativo y los informes técnicos utilizados para la elaboración de los nuevos decretos.

La denuncia pide investigar la intervención de diversos organismos, entre ellos el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Secretaría General Técnica, la Abogacía del Estado, el Ministerio de Hacienda y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. El escrito destaca la importancia de distinguir entre los informes meramente consultivos y aquellas resoluciones administrativas que pudieran considerarse separables y decisorias.

Asimismo, SALF ha interesado que se realice una comparación técnica detallada entre los textos rechazados por las Cortes y los aprobados el 6 de octubre. El fin de esta diligencia es identificar coincidencias y supresiones para determinar qué partes de la norma fueron reutilizadas íntegramente tras el rechazo parlamentario y qué justificación específica se incorporó en el nuevo expediente.

Por último, la parte denunciante solicita la conservación estricta de la documentación electrónica y sus metadatos correspondientes al periodo comprendido entre el 2 y el 6 de octubre. Según el partido, esta medida es esencial para preservar la cronología de los trabajos realizados y evitar la pérdida de versiones o remisiones internas que resulten relevantes para el esclarecimiento de los hechos denunciados.