La adjudicación de plazas en la Seguridad Social genera malestar ante el presunto fraude en las oposiciones de Galicia
Los nuevos funcionarios del cuerpo administrativo de la Seguridad Social han expresado su preocupación ante la inminente resolución de destinos tras los exámenes celebrados a finales de 2024. El descontento se concentra especialmente en la sede de Galicia, donde la Fiscalía investiga un presunto amaño que habría afectado a las calificaciones de 33 aspirantes. Esta situación ha generado incertidumbre entre los opositores que, tras haber superado el proceso de forma regular, temen verse desplazados de sus plazas de preferencia en la comunidad autónoma debido a la ventaja obtenida por quienes están bajo investigación.
La controversia surge ante el reparto de las 65 vacantes disponibles en el territorio gallego. Según denuncian los afectados, más de la mitad de estos puestos podrían ser ocupados por las personas cuyas notas están siendo cuestionadas por la justicia, dado que ostentan las puntuaciones más altas. Los opositores que aspiraban a permanecer en su región de origen advierten que esta distorsión en el escalafón les obligará previsiblemente a aceptar destinos en otras comunidades autónomas, una vez que las plazas locales sean adjudicadas a los perfiles investigados.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, bajo la dirección de Elma Saiz, ha rechazado los recursos presentados por decenas de aspirantes que solicitaban la suspensión cautelar del proceso selectivo hasta que concluyeran las pesquisas de la Fiscalía. La Administración ha fundamentado su negativa en la defensa del «interés general y de terceros», argumentando que una paralización frustraría la incorporación de otros empleados públicos y causaría perjuicios personales y laborales a quienes han obtenido su plaza de forma rigurosa en el resto de España.
Fuentes próximas a los afectados señalan que se están valorando acciones legales conjuntas una vez se publiquen oficialmente los destinos definitivos. El malestar se extiende también a provincias limítrofes como León, donde se teme un «efecto dominó»: los opositores gallegos que no logren plaza en su comunidad debido a la ocupación de las vacantes por los sospechosos de amaño podrían agotar los puestos en regiones cercanas, desplazando a su vez a los aspirantes de esas delegaciones.
La investigación del Ministerio Público se centra en la sede de La Coruña, donde se detectó que las 34 mejores notas del primer ejercicio correspondían a aspirantes examinados en dicha provincia. Las pesquisas apuntan a un posible entramado de venta de plazas con pagos de entre 20.000 y 60.000 euros, bajo un modus operandi que incluía reuniones en hoteles y el uso de dispositivos electrónicos durante las pruebas. Especial atención ha recibido el caso de Celanova (Orense), donde se registró una concentración inusual de aprobados con nexos comunes en diversos procesos de la Administración General del Estado.
Ante este escenario, la Seguridad Social ha anunciado que extremará la vigilancia en las próximas convocatorias mediante el uso de tecnología avanzada para detectar dispositivos electrónicos ocultos. Sin embargo, para los actuales aprobados en el proceso de 2024, esta medida resulta insuficiente frente a la pérdida de destinos que sufrirán por la continuidad de un proceso marcado por las irregularidades en la sede gallega.
