La UCO registra ADIF y detiene a seis personas por presuntos amaños en contratos de obra pública

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intervenido la sede del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y diversas empresas privadas en el marco de una investigación sobre presuntas comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública. La operación se ha saldado, por el momento, con seis personas detenidas y pone bajo el foco judicial la integridad de los procesos de licitación en proyectos estratégicos de la red ferroviaria nacional.

Las pesquisas judiciales analizan si existió una red de cobro de mordidas que pudo haber influido en la concesión de contratos a empresas específicas. Entre las entidades investigadas figura la constructora Azvi, que obtuvo adjudicaciones para la renovación de vía en tramos críticos. La investigación examina los contactos mantenidos entre directivos de la compañía y Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, antes de la resolución de los concursos públicos.

La instrucción cobra especial relevancia al vincularse estos contratos con los tramos de Adamuz y Urda, escenarios de accidentes ferroviarios que han causado un total de 115 víctimas mortales. Los investigadores tratan de determinar si las presuntas irregularidades administrativas en las adjudicaciones derivaron en una merma de la calidad de los materiales utilizados o en un déficit en la ejecución de las obras de mantenimiento.

Informes técnicos recientes sobre el tramo de Adamuz han revelado deficiencias graves en la supervisión de la infraestructura. Según los datos analizados, una fractura en el carril permaneció sin ser detectada durante aproximadamente 22 horas, intervalo en el cual circularon 47 trenes por el punto afectado. Este hallazgo ha intensificado el debate sobre si la gestión administrativa del Ministerio de Transportes y ADIF pudo haber comprometido los protocolos de seguridad operativa.

Finalmente, la investigación también pone el foco en los antecedentes de seguridad en el tramo de Urda, donde se ha reportado que los trenes involucrados en el siniestro habían protagonizado un incidente similar en el mismo punto el pasado mes de septiembre. La justicia busca esclarecer si existe una relación directa entre el posible esquema de corrupción y el deterioro del sistema ferroviario, en un contexto de creciente presión sobre la gestión de la seguridad en el transporte público.