Amnistía Internacional denuncia uso excesivo de la fuerza policial en diversas ciudades durante la huelga general
La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha emitido una denuncia pública este lunes respecto a las actuaciones de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones de la jornada de huelga general. Según la entidad, se han registrado episodios de «uso excesivo de la fuerza» en múltiples localidades del territorio nacional, instando a las autoridades competentes a iniciar investigaciones formales sobre los hechos documentados por sus equipos de observación.
A través de un comunicado institucional, la ONG ha señalado intervenciones calificadas como «preocupantes» en ciudades como Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada y Santiago de Compostela. Entre las acciones reportadas, Amnistía destaca el empleo de golpes de porra contra personas que protestaban de forma pacífica —en algunos casos dirigidos a la cabeza— y el uso indiscriminado de espray pimienta contra la multitud.
La organización ha recordado que el empleo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad debe ser siempre una medida de último recurso, regida por los principios de necesidad y proporcionalidad. En este sentido, ha subrayado que tanto las defensas policiales como el espray pimienta deben utilizarse exclusivamente contra individuos que ejerzan violencia y no como una herramienta generalizada para dispersar manifestaciones pacíficas.
Como parte de su reclamación, Amnistía Internacional ha solicitado que se garantice de manera efectiva el derecho a la protesta y que todos los agentes desplegados cuenten con una identificación visible en sus uniformes de servicio. Asimismo, han exigido que se abran procesos de investigación para esclarecer las circunstancias del uso de la fuerza registrado durante las primeras horas de la movilización.
La entidad mantiene equipos de observación desplegados en puntos estratégicos del país con el objetivo de supervisar que las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplan con su deber de respetar, facilitar y proteger el ejercicio del derecho de reunión. Esta labor de seguimiento técnico busca verificar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en el marco de la seguridad ciudadana y la libertad de expresión.
