La Junta de Andalucía exige el cese de los presidentes de Renfe y Adif tras el accidente de Adamuz

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha anunciado el envío de una comunicación formal al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para solicitar la destitución inmediata de los presidentes de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. La petición se fundamenta en la gestión institucional realizada tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 46 personas.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España, informó de esta medida en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Durante su intervención, España vinculó la continuidad del propio ministro Puente a la resolución de estos ceses, señalando que, de no atenderse la recomendación de la administración andaluza, la responsabilidad sobre la gestión del siniestro recaerá directamente sobre la titularidad del Ministerio.

La postura de la Junta de Andalucía se produce en respuesta a las recientes declaraciones del presidente de Renfe en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados. En dicha comparecencia, Fernández Heredia afirmó que la compañía ferroviaria es «una víctima más» del accidente y solicitó una investigación sobre la gestión del servicio de emergencias 112, cuya competencia corresponde a la comunidad autónoma. Desde el Ejecutivo andaluz han calificado estas palabras de «inauditas», lamentando que se equipare a la entidad con los familiares de las víctimas.

Asimismo, la consejera de Economía y Hacienda denunció que, transcurridos cien días desde el suceso, persiste una falta de transparencia informativa por parte del Gobierno central. Según la portavoz, los datos recabados hasta la fecha provienen exclusivamente de la comisión de investigación y de las actuaciones de la Guardia Civil. Las pesquisas actuales apuntan a una posible rotura de la vía y a carencias en el mantenimiento de la red ferroviaria como causas principales del descarrilamiento.

El cruce de reproches institucionales se ha intensificado ante la falta de asunción de responsabilidades técnicas por el siniestro. Mientras el Ministerio de Transportes ha puesto el foco en la gestión de la emergencia posterior al choque, la Junta de Andalucía mantiene su exigencia de dimisiones en la cúpula de las entidades responsables de la infraestructura y la operación ferroviaria, apelando a la necesidad de esclarecer las deficiencias en el estado de las vías.

Este nuevo episodio de tensión política entre el Gobierno de España y el Ejecutivo andaluz marca un punto de inflexión en la investigación del accidente de Adamuz, cuya resolución técnica y depuración de responsabilidades administrativas continúa bajo el escrutinio de las autoridades judiciales y parlamentarias.