La Fiscalía Anticorrupción denuncia al subdelegado del Gobierno en Valencia por presuntas irregularidades en su ascenso funcionario
La Fiscalía Anticorrupción ha formalizado una denuncia ante los tribunales contra José Rodríguez Jurado, actual subdelegado del Gobierno en Valencia, por presuntas irregularidades detectadas en su proceso de promoción profesional en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer. El Ministerio Público ha hallado indicios de delito en el procedimiento administrativo que permitió al alto cargo socialista alcanzar la máxima categoría funcionarial, el subgrupo A1, partiendo desde el escalafón C1 de administrativo.
La investigación se centra en el salto directo de categoría, omitiendo los niveles intermedios exigidos por la normativa vigente. El proceso se originó en abril de 2022, cuando el consistorio de Canet de Berenguer, bajo gobierno del PSOE, convocó una plaza de técnico de Administración General mediante promoción interna. Según los informes de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), dicha promoción contravino la doctrina del Tribunal Supremo, específicamente la sentencia 883/2021, que regula el acceso a los cuerpos superiores de la administración pública.
La Agencia Valenciana Antifraude ya había calificado el proceso como contrario a la ley tras detectar irregularidades tanto en las bases de la convocatoria como en la admisión del aspirante. A pesar de los requerimientos del organismo fiscalizador para que el Ayuntamiento revisara de oficio el expediente, la administración local mantuvo la vigencia del nombramiento. En octubre de 2025, la dirección de la AVAF ratificó estas conclusiones, rechazando las alegaciones municipales presentadas para validar el procedimiento.
La relevancia del caso adquiere una dimensión institucional dado que la pertenencia al subgrupo A1 es un requisito indispensable para ostentar el cargo de subdelegado del Gobierno. Rodríguez Jurado fue nombrado para este puesto por la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en un momento en que la legalidad de su ascenso como funcionario ya estaba siendo cuestionada por los organismos de control competentes.
Las diligencias judiciales se han visto reforzadas por la actuación presencial de inspectores de la AVAF el pasado 27 de febrero. Durante una intervención de cuatro horas en el Ayuntamiento de Canet de Berenguer, los técnicos recabaron información del expediente electrónico, registros informáticos y la trazabilidad de las firmas digitales. Esta inspección se produjo días después de que la Fiscalía Provincial de Valencia solicitara formalmente toda la documentación relativa al nombramiento para su análisis pormenorizado.
En el ámbito de las reacciones políticas, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha instado a la delegada del Gobierno a ofrecer explicaciones públicas sobre este nombramiento. Catalá ha calificado la situación como un menoscabo a la credibilidad institucional y ha reclamado una reflexión interna en el seno del Ejecutivo central ante los sucesivos escándalos administrativos y judiciales que afectan a la gestión de los recursos públicos.
