El responsable de las investigaciones de la UCO sobre corrupción prorroga su permanencia tras ascender a coronel
El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delitos Económicos (DDE) de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha solicitado formalmente permanecer en su actual puesto hasta completar las investigaciones en curso. Esta decisión se produce tras haber superado con éxito el proceso de evaluación para el ascenso a coronel, donde obtuvo la sexta posición entre más de cuarenta aspirantes, lo que garantiza su promoción profesional pero no implicará su salida inmediata de la unidad de élite.
La continuidad de Balas al frente de las pesquisas que afectan a diversas ramificaciones del entorno del Ejecutivo se articulará mediante una comisión de servicio. Esta figura administrativa permite al oficial prorrogar su estancia en la jefatura de la unidad por un periodo máximo de un año, a la espera de que se convoquen y ocupen plazas vacantes con el rango de coronel. Según fuentes cercanas al proceso, la intención del investigador es perfilar los informes técnicos y operativos de las causas que actualmente instruye la unidad antes de asumir su nuevo destino.
El proceso de promoción interna, desarrollado entre los meses de enero y mayo, confirma la solvencia profesional del teniente coronel dentro de la Benemérita. No obstante, su permanencia adquiere una dimensión institucional relevante en un contexto de tensión entre la dirección del cuerpo y los equipos de investigación. La decisión de Balas de no aceptar un relevo forzoso inmediato desactiva la posibilidad de una reestructuración de mandos en el corto plazo dentro del departamento encargado de fiscalizar delitos económicos y corrupción.
La estabilidad de la unidad ha estado marcada recientemente por intentos de fiscalización interna. Durante el pasado mes de mayo, la Dirección Adjunta Operativa (DAO) ordenó la apertura de una «información reservada» contra los investigadores del denominado caso Koldo, bajo la premisa de investigar supuestas filtraciones de mensajes privados relacionados con la Presidencia del Gobierno. Esta investigación interna buscaba esclarecer el origen de informaciones publicadas en medios de comunicación que afectaban a la reserva de las actuaciones.
Sin embargo, la maniobra administrativa contra los agentes de la UCO fue frenada por la intervención del Poder Judicial. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, rechazó autorizar la investigación a los agentes y advirtió sobre la posible apertura de diligencias por obstrucción a la justicia o prevaricación contra quienes ordenaran dicho expediente. Ante el posicionamiento del alto tribunal, la dirección de la Guardia Civil procedió al cierre de la investigación interna el pasado 26 de mayo.
En el ámbito de las declaraciones judiciales, el exjefe de la UCO, el general Rafael Yuste, ratificó recientemente ante el juez Santiago Pedraz que existieron indicaciones desde la cúpula del cuerpo para mantener una actitud de menor proactividad en investigaciones con «afectación política». A pesar de estas circunstancias, la actual jefatura de la unidad, bajo el mando del general Pedro Merino, ha mantenido una línea de autonomía funcional, blindando el rigor técnico de los informes elaborados por el equipo que lidera el teniente coronel Balas.
