El Juzgado de Sanlúcar la Mayor archiva la causa por los pozos de la finca Aljóbar
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha decretado el archivo provisional de la investigación judicial relativa a ocho pozos presuntamente no autorizados en la finca Aljóbar, ubicada en el término municipal de Aznalcázar. La decisión judicial exime, de forma indiciaria, de responsabilidad penal a la sociedad gestora Eurotecnia Agraria y a su representante legal, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien figuraba en la causa en calidad de investigado.
Según el auto judicial fechado el pasado 10 de septiembre, el magistrado instructor sostiene que, tras el análisis de los informes técnicos recabados, no es posible concluir que las extracciones de agua realizadas en dicha explotación hayan supuesto un peligro real para el acuífero o su hábitat natural. El tribunal subraya que no existen evidencias suficientes para determinar que se haya extraído un volumen de agua superior al autorizado administrativamente.
La resolución destaca que el uso del agua subterránea para el regadío de cultivos de olivos y naranjos en la finca no puede considerarse, bajo los parámetros técnicos actuales, como una actividad que haya generado un riesgo grave para el medio ambiente. El magistrado precisa que, para que concurra un ilícito penal, es imperativo acreditar la existencia de daños sustanciales o un perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales, condiciones que no se cumplen en el presente caso.
En sus fundamentos de derecho, el juez instructor recalca que el riesgo ambiental «no puede presumirse», sino que debe ser probado de manera fehaciente. El auto señala que no ha quedado acreditado, ni siquiera de forma indiciaria, que las extracciones hayan provocado un descenso relevante en los niveles piezométricos de la masa de agua, lo cual sería necesario para certificar una afección negativa en el estado de conservación del entorno natural.
Este archivo provisional supone el cese de las diligencias penales que se seguían contra la entidad y su representación legal, al no hallarse base técnica que sustente la comisión de un delito contra el medio ambiente o los recursos naturales en la gestión de los recursos hídricos de la citada finca agrícola.
