El Grupo Parlamentario Popular ha registrado un escrito formal ante la Presidencia del Congreso de los Diputados en el que solicita amparo institucional tras los incidentes ocurridos en la tribuna de invitados durante la sesión plenaria del pasado 21 de abril. Los populares denuncian una vulneración del Reglamento de la Cámara y exigen a Francina Armengol que aplique con rigor las sanciones previstas para quienes alteren el orden de las sesiones.
Los hechos se desencadenaron durante la intervención de la diputada María Soledad Cruz-Guzmán, mientras defendía una proposición de ley en materia de vivienda y urbanismo. En ese momento, un grupo de personas acreditadas como invitados por el grupo parlamentario Podemos interrumpió el discurso profiriendo gritos y lanzando octavillas al hemiciclo con el lema «La vivienda nos cuesta la vida. Hay que bajar los precios». Además de la interrupción sonora y el lanzamiento de pasquines, el escrito señala que los implicados grabaron la escena con sus teléfonos móviles, contraviniendo la prohibición expresa de realizar capturas de imagen desde las tribunas.
La queja del Partido Popular se centra en la ejecución de la orden de expulsión. Según el texto remitido a la Mesa, la presidenta Armengol ordenó a los ujieres el desalojo de la «sala», pero los populares sostienen que el artículo 107 del Reglamento del Congreso obliga a la expulsión inmediata del «Palacio» (el recinto completo) de cualquier persona que perturbe el orden. La formación asegura tener constancia gráfica de que los implicados permanecieron en las dependencias parlamentarias tras ser desalojados del hemiciclo, presuntamente acompañados por diputados de Podemos y Sumar.
El escrito de amparo reclama que se identifique a los responsables de tramitar las acreditaciones de estos invitados. El PP argumenta que la acción fue «consciente y premeditada», dada la preparación del material gráfico y las octavillas, y subraya que el lanzamiento de objetos sobre los escaños representa una amenaza potencial a la integridad física de los parlamentarios. Por ello, solicitan que se exijan responsabilidades tanto a los autores materiales como a los diputados o grupos parlamentarios que facilitaron su acceso.
Esta petición de medidas disciplinarias coincide temporalmente con la tramitación de varios expedientes en la Mesa del Congreso contra el comunicador acreditado Vito Quiles por presuntas infracciones reglamentarias. En este sentido, el Partido Popular advierte que la ausencia de un reproche contundente ante los incidentes de la tribuna de invitados podría interpretarse como una «actuación arbitraria» e instan a la Presidencia a mantener la imparcialidad ideológica en la aplicación de la normativa interna.
Finalmente, el Grupo Popular apela al reciente llamamiento de Francina Armengol para reducir el clima de crispación en la Cámara Baja. El escrito concluye que, para garantizar el orden, no es necesaria una reforma reglamentaria, sino la aplicación «enérgica y rigurosa» de las herramientas vigentes contra las conductas que impiden el normal desarrollo de la actividad legislativa y menoscaban la dignidad de los oradores en el uso de la palabra.
