El Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, ha presentado formalmente sus alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en relación con el informe sexenal del lobo correspondiente al periodo 2019-2024. El Ejecutivo autonómico ha reclamado el respeto al procedimiento técnico de evaluación y ha cuestionado la idoneidad de someter datos científicos a consulta pública, defendiendo la validez y el rigor de los censos oficiales aportados por la comunidad autónoma.
En su escrito de alegaciones, el departamento que dirige Marcelino Marcos sostiene que la apertura de una consulta pública sobre este informe carece de encaje en el marco normativo vigente. Asturias argumenta que el informe sexenal es un documento de naturaleza técnico-administrativa que debe basarse exclusivamente en criterios objetivos y metodologías contrastadas entre administraciones. Según la Administración asturiana, la introducción de aportaciones externas en esta fase desvirtúa el proceso de validación de los datos oficiales remitidos por las comunidades autónomas.
El Principado ha subrayado la solvencia de su sistema de seguimiento, el cual califica como uno de los más consolidados de España tras décadas de aplicación. Este sistema incluye censos periódicos, seguimiento de manadas reproductoras y una colaboración científica estable con el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB-CSIC-Universidad de Oviedo). Los datos remitidos para el periodo 2019-2024 confirman una evolución positiva de la población, tendencia que se ve reforzada por los resultados preliminares del censo de 2025.
La documentación adicional aportada por la Consejería cifra la población actual en 50 manadas, de las cuales 45 han sido identificadas como reproductoras en el presente año. El informe incluye también estudios estadísticos sobre la última década y análisis de las áreas de campeo de ejemplares radiomarcados. Según el Gobierno asturiano, estas cifras avalan un estado de conservación favorable y una estabilidad poblacional que garantiza la continuidad de la especie en la región.
Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha respondido a las cuestiones relativas a los incendios forestales de 2023 y al Programa de Actuaciones de Control 2025-2026. Aunque Asturias considera que ambos elementos no deberían formar parte de la evaluación del sexenio 2019-2024 por ser posteriores al periodo analizado, ha aportado análisis complementarios que concluyen que ninguno de estos factores ha tenido efectos negativos sobre la evolución de la población del lobo.
Finalmente, el Gobierno del Principado ha solicitado que todas sus consideraciones técnicas sean integradas en la evaluación final del informe que se remitirá a la Comisión Europea. Para ello, ha reclamado la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con el fin de que las comunidades autónomas y el Ministerio procedan a la aprobación definitiva del documento bajo criterios de transparencia y rigor institucional.
