La Audiencia Nacional investiga al exdelegado del Gobierno en Ceuta por la entrada masiva de personas en julio
La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha incoado diligencias previas para investigar la actuación del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en relación con la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos ocurrida a finales del pasado mes de julio. La decisión judicial se produce tras la admisión a trámite de una querella presentada por la Fundación Abogados Cristianos, que atribuye al exalto cargo la presunta comisión de delitos de prevaricación y desórdenes públicos.
En un auto fechado el pasado 28 de septiembre, la jueza instructora señala que los hechos expuestos en las actuaciones iniciales presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Ante la falta de determinación precisa sobre la naturaleza de los acontecimientos y las personas implicadas, la magistrada ha considerado procedente iniciar la fase de instrucción para practicar las diligencias esenciales encaminadas a esclarecer las circunstancias del caso.
La querella que motiva el procedimiento sostiene que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) emitió, el 29 de julio, una alerta sobre una convocatoria masiva difundida en redes sociales para acceder de forma irregular a la ciudad autónoma, tanto por vía marítima como a través del espigón de El Tarajal. Según la fundación querellante, dicha advertencia fue comunicada personalmente al delegado del Gobierno por su entonces jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, antes de que se produjera el incidente fronterizo.
En el marco de las primeras diligencias, Gonzalo Sanz ya ha comparecido ante la magistrada Tardón en calidad de testigo. Durante su declaración, Sanz ratificó que trasladó a Pérez Triano el contenido de sus comunicaciones con los agentes del CNI un día antes de que se materializara la entrada masiva. Este testimonio busca determinar el nivel de conocimiento previo que las autoridades estatales en la ciudad tenían sobre la situación y qué decisiones se adoptaron o descartaron tras recibir la alerta de los servicios de inteligencia.
La magistrada ha solicitado asimismo un informe a la Fiscalía para valorar el recorrido de la investigación. Por su parte, la representación procesal de Abogados Cristianos ha solicitado que se tome declaración como testigos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el fin de dilucidar la cadena de mando y el alcance de las responsabilidades en la gestión de la crisis fronteriza.
