La Audiencia de Madrid revoca la petición del juez Peinado sobre los pliegos del software de Begoña Gómez
La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la providencia del magistrado Juan Carlos Peinado en la que se solicitaba a la Asociación de Abogados del Estado un informe técnico sobre las titulaciones necesarias para redactar pliegos de condiciones. La decisión judicial se enmarca en la investigación sobre el software desarrollado para la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El tribunal ha estimado los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de la investigada, al considerar que la solicitud del instructor no es «apropiada» ni constituye un informe pericial en sentido estricto. La sala argumenta que lo acordado por el juzgado no buscaba obtener información sobre datos científicos o artísticos imprescindibles para conocer hechos relevantes del objeto de la investigación.
En su resolución, los magistrados señalan que la información sobre las cualificaciones académicas exigibles para la suscripción de pliegos de contratación pública podría haberse obtenido a través de otros cauces. Específicamente, la Audiencia apunta que el juzgado podría haberse dirigido al Colegio de Ingenieros Informáticos o a la propia Universidad Complutense de Madrid en lugar de a una asociación de carácter sindical y profesional como es la de los Abogados del Estado.
Asimismo, el auto recuerda que los delitos de intrusismo y corrupción en los negocios exigen una verificación mínima de consistencia. En este sentido, la resolución pone de relieve que el propio magistrado Peinado decidió finalmente excluir el delito de intrusismo profesional en su auto de transformación del procedimiento, por el cual propuso juzgar a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
De forma paralela, la Audiencia de Madrid ha validado otras decisiones del instructor, como la denegación de la entrega de las grabaciones de las declaraciones practicadas el pasado 10 de septiembre. Aunque las partes pueden consultar dicho material en la sede del juzgado, el tribunal respalda la restricción de su difusión. En aquella jornada, Begoña Gómez prestó una breve declaración para descartar irregularidades en las funciones de su asesora, Cristina Álvarez, quien por su parte se acogió a su derecho a no declarar.
La causa judicial, que el magistrado dio por instruida el pasado 11 de abril, mantiene también como investigados al empresario Juan Carlos Barrabés y a la asesora de la investigada. Con estas últimas resoluciones de la Audiencia de Madrid, se delimitan los medios de prueba admisibles en una fase del procedimiento que encara ya la apertura de juicio oral, tras el archivo definitivo de la línea relativa al intrusismo profesional.
