Las tres inspectoras del Ministerio de Transportes encargadas de realizar la auditoría interna sobre la compra de mascarillas durante la pandemia han ratificado este jueves ante el Tribunal Supremo las conclusiones de su informe. Según su testimonio, la decisión de duplicar el pedido de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, pasando de cuatro a ocho millones de unidades en apenas 38 minutos, se tomó sin que mediara un criterio técnico documentado que justificara dicho incremento.
Sara Anguita, Ana Balbás y Belén Roel comparecieron ante el Alto Tribunal para explicar los pormenores de la fiscalización encargada por el actual ministro, Óscar Puente. Durante su declaración, las funcionarias señalaron que, tras analizar los correos electrónicos corporativos y realizar entrevistas con los implicados, no hallaron constancia escrita ni verbal que explicara por qué se varió la previsión de necesidades de 15 a 30 días de suministro, lo que supuso doblar el importe del contrato con la mercantil vinculada a Víctor de Aldama.
La auditoría, que ha sido cuestionada por la defensa del exministro José Luis Ábalos y de su asesor Koldo García, revela que la oferta de Soluciones de Gestión llegó al Ministerio a través del propio García, quien la habría entregado en mano y en formato papel al subsecretario de Transportes. Las inspectoras destacaron la inusual «presencia constante» del asesor en el proceso de contratación, una intervención que calificaron de singular en comparación con otros procedimientos administrativos del departamento.
En cuanto a la elección de la empresa proveedora, las testigos indicaron que uno de los argumentos utilizados para seleccionarla frente a otros competidores fue que ya disponían de un avión con material en vuelo. Sin embargo, una de las inspectoras puntualizó ante el tribunal que no consideraron dicho factor como un argumento técnico válido para la adjudicación de los contratos, que alcanzaron un valor total de 36 millones de euros entre Puertos del Estado y ADIF.
La defensa de Ábalos, por su parte, centró su estrategia en subrayar las limitaciones de la auditoría. Durante la sesión también intervino una perito de parte, quien calificó el informe de contener «elementos valorativos» y criticó que no se incluyeran documentos como una hoja de cálculo Excel que, según los acusados, justificaba las previsiones de suministro. Las funcionarias admitieron que sus medios fueron «muy limitados» y que el alcance de su trabajo se ciñó a la documentación y testimonios a los que pudieron tener acceso directo.
Otro de los puntos críticos abordados fue la falta de control en la distribución final de las mascarillas. El informe de inspección advierte que, de los ocho millones de unidades adquiridas por Puertos del Estado, no existe constancia documental o albaranes que acrediten la entrega de aproximadamente 6,8 millones de mascarillas a sus destinatarios finales. Esta falta de trazabilidad es uno de los pilares que sustentan las presuntas irregularidades administrativas señaladas en la causa.
El testimonio de las inspectoras refuerza la tesis de la auditoría interna que el Ministerio de Transportes publicó el pasado mes de agosto, y que el propio Ábalos ha calificado de «tribunal de honor» y de ser una herramienta política para forzar su imputación. El procedimiento en el Tribunal Supremo continúa con el análisis de estas declaraciones para determinar el grado de responsabilidad del exministro en la firma de las órdenes que modificaron las cuantías de los contratos en tiempo récord.
