Sumar y PNV avalan el criterio del Tribunal Constitucional sobre la malversación y la amnistía

Las formaciones parlamentarias Sumar y PNV han expresado su respaldo a la reciente resolución del Tribunal Constitucional que ampara la aplicación de la amnistía al delito de malversación en la causa del exconseller Jordi Turull. Esta decisión del tribunal de garantías supone, en la práctica, un aval a la interpretación legislativa realizada por las Cortes Generales y despeja el marco jurídico para el eventual retorno a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La portavoz de los Comuns en el Congreso, Aina Vidal, ha manifestado su expectativa de que el juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ajuste sus futuras decisiones a la doctrina emanada del Tribunal Constitucional. Vidal ha subrayado que la judicatura debe dar cumplimiento al mandato que los diputados aprobaron en la Cámara Baja, garantizando que la ley de amnistía surta efectos según su redacción original, lo que incluiría el levantamiento de las medidas cautelares sobre Puigdemont.

Desde el Grupo Vasco, la diputada Maribel Vaquero ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el delito de malversación sea incluido bajo el paraguas de la norma, una petición que el PNV había sostenido durante la tramitación de la ley. Vaquero ha reiterado la postura de su formación contra la «judicialización de la política», argumentando que los procesos judiciales derivados del 1-O no deberían haberse producido bajo los tipos penales aplicados hasta la fecha.

El fallo del Tribunal Constitucional, cuya sentencia íntegra se publicará en las próximas semanas, establece que la malversación sin enriquecimiento personal ilícito es un supuesto amparable por la Ley de Amnistía. Este pronunciamiento es vinculante para el resto de órganos judiciales y obligará al Tribunal Supremo a revisar la exclusión de este delito que había dictaminado en autos anteriores.

La relevancia institucional de esta resolución radica en que unifica el criterio sobre el alcance de la ley, permitiendo que la normalización institucional buscada por el legislador avance en el plano jurídico. Los grupos que sostienen la mayoría parlamentaria consideran que este paso reafirma la soberanía del Congreso frente a las interpretaciones restrictivas que se han sucedido en las instancias judiciales superiores desde la entrada en vigor de la norma.