El Gobierno aprueba un paquete de 30 millones de euros para los afectados por el accidente ferroviario de Urda
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un real decreto ley que contempla una partida de 30 millones de euros destinada a los afectados por el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). Esta medida, que incluye ayudas directas y un sistema de anticipos de indemnizaciones, tiene como objetivo principal ofrecer soporte material y seguridad jurídica a las víctimas y sus familiares de manera inmediata.
Según ha detallado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, el paquete busca proporcionar «certidumbre» a los damnificados. El modelo implementado sigue la estructura de las ayudas otorgadas tras el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado enero, permitiendo agilizar los recursos económicos sin esperar a la resolución definitiva de los procesos de responsabilidad civil.
El plan de asistencia establece que tanto las ayudas directas como los anticipos tendrán un carácter no reembolsable y estarán exentos de tributación. Además, estas cuantías serán compatibles con otras indemnizaciones percibidas. En concreto, el Ejecutivo ha fijado un importe de 72.121 euros por fallecimiento, mientras que para los heridos las compensaciones oscilarán entre los 2.400 y los 84.141 euros, dependiendo de la gravedad de las lesiones sufridas.
En el ámbito sociolaboral, el Gobierno ha introducido mecanismos de protección adicionales. Las bajas laborales de los afectados serán consideradas de forma retroactiva como accidente de trabajo desde el primer día, lo que conlleva una mejora en la cuantía de la prestación. Asimismo, en el caso de que el accidente derive en el reconocimiento de una pensión, esta se calculará bajo la modalidad de accidente de trabajo siempre que dicho baremo resulte más beneficioso para el titular.
Con esta intervención, la Administración central pretende cubrir las necesidades urgentes de los afectados, independientemente de los plazos que dicten los tribunales o las aseguradoras en la determinación de las responsabilidades derivadas del siniestro ferroviario en la provincia de Toledo.
