Igualdad flexibiliza el acceso a ayudas al alquiler para víctimas de violencia de género mediante informes sociales
El Ministerio de Igualdad ha anunciado la implementación de un nuevo paquete de medidas en materia de vivienda destinado a mujeres víctimas de violencia de género, violencia sexual, trata o explotación. La principal novedad de este marco normativo es la simplificación de los requisitos de acreditación: para acceder a las ayudas no será necesaria la presentación de una sentencia judicial, una orden de protección o una denuncia previa, bastando con un informe de los servicios sociales o entidades colaboradoras habilitadas que certifique la situación de vulnerabilidad.
El programa establece subvenciones que pueden cubrir hasta el 100% del coste del alquiler o del uso de una habitación. La cuantía de la ayuda se sitúa en un máximo de 1.000 euros mensuales, con la posibilidad de incrementarse si se justifica y acuerda con la comunidad autónoma correspondiente. Asimismo, el real decreto contempla una partida adicional de hasta 300 euros al mes para sufragar gastos de suministros básicos, comunidad e internet, con una duración máxima de la prestación de cinco años.
Para ser beneficiaria de estas ayudas, la unidad de convivencia deberá acreditar unos ingresos anuales inferiores a 25.200 euros (equivalentes a tres veces el IPREM) y no disponer de una vivienda en propiedad o usufructo que pueda ser ocupada. Junto a las víctimas de violencia de género, el texto incluye como potenciales beneficiarios a familias monoparentales, personas en situación de chabolismo, personas sin hogar y otros colectivos en situación de emergencia habitacional, otorgándoles preferencia en la adjudicación de viviendas protegidas.
La gestión operativa de las ayudas recaerá sobre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Las administraciones regionales tendrán la facultad de regular supuestos específicos de especial vulnerabilidad para permitir una acreditación inmediata, sin necesidad de una valoración caso por caso en situaciones de urgencia. Además, el pago de la ayuda podrá realizarse directamente a la persona propietaria del inmueble, bajo supervisión y seguimiento de los servicios sociales competentes.
Desde el Gobierno se sostiene que el acceso a la vivienda es un elemento indispensable para garantizar la autonomía y la recuperación de las mujeres y sus hijos. No obstante, la medida ha suscitado valoraciones diversas en el ámbito público debido a la sustitución de los mecanismos de acreditación judiciales por informes administrativos. Mientras el Ejecutivo defiende la agilidad del proceso para evitar que las víctimas permanezcan con sus agresores, sectores técnicos advierten sobre la responsabilidad que recae en los servicios sociales para evaluar individualmente cada caso y garantizar el correcto uso de los fondos públicos.
