Ayuso vincula a la presidenta del Congreso con la trama de compra de material sanitario tras el informe de la UCO
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este miércoles en Bruselas a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por su presunta vinculación con las irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo madrileño se producen tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detalla contactos entre la entonces presidenta de Baleares y el exasesor ministerial Koldo García.
Según el documento de la Benemérita, Armengol habría acudido en diversas ocasiones a García para gestionar cuestiones relativas a la realización de pruebas PCR, con el fin de facilitar el tránsito de viajeros, así como para consultar aspectos sobre el suministro de mascarillas infantiles. Ayuso ha calificado estas operaciones de «compra fraudulenta» y ha lamentado que la tercera autoridad del Estado se vea mencionada en el marco de las investigaciones judiciales sobre el uso de fondos públicos.
Durante un encuentro con directivos y representantes de empresas españolas en la capital europea, la presidenta madrileña ha puesto el foco en la cuantía de los contratos bajo sospecha, que cifró en casi cuatro millones de euros. «Estamos hablando de dinero público que se habría entregado a una trama», ha afirmado, incidiendo en la gravedad institucional que, a su juicio, supone la implicación de la Presidencia de las Cortes en las diligencias de la UCO.
Díaz Ayuso también ha expresado su rechazo al tono de los mensajes interceptados entre los implicados, concretamente ante el uso de términos afectuosos por parte del exasesor hacia la actual presidenta del Congreso. «A mí me llama ‘cariño’ un asesor de la Comunidad de Madrid y le arranco la cabeza», ha aseverado la dirigente, subrayando la necesidad de mantener el rigor y la jerarquía en el trato profesional dentro de las administraciones públicas.
La presidenta regional ha enmarcado estos hechos dentro de una «trama de corrupción» que, según sus palabras, afecta al Gobierno de la nación. Esta reacción institucional se produce en una semana de alta intensidad parlamentaria, marcada por el avance de las investigaciones del denominado «caso Koldo» y la apertura de comisiones de investigación en el Senado, donde el Partido Popular ya ha fijado un calendario de comparecencias para esclarecer las responsabilidades en la gestión de los contratos de emergencia durante la crisis sanitaria de la COVID-19.
Por el momento, desde la Presidencia del Congreso no se ha emitido una respuesta formal a estas declaraciones, si bien el entorno de Armengol ha defendido anteriormente la legalidad de todas las contrataciones realizadas por el Gobierno de Baleares durante su mandato, asegurando que las comunicaciones con el Ministerio de Transportes formaban parte de la operativa ordinaria de gestión de la pandemia.
