Díaz Ayuso da por zanjada la controversia sobre la compra del ático de Chamberí
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado por finalizada la polémica en torno a la adquisición de un ático en el distrito de Chamberí por parte del Gobierno regional. Durante una visita institucional a San Martín de Valdeiglesias, la jefa del Ejecutivo autonómico ha subrayado que la propiedad ya se encuentra en proceso de enajenación, remitiéndose a sus explicaciones previas sobre la operación gestionada por la empresa pública Planifica Madrid.
El inmueble, una superficie de 481 metros cuadrados en un edificio residencial, fue adquirido el pasado mes de abril por un importe de 6,3 millones de euros con el objetivo inicial de servir como despacho presidencial durante las obras de reforma de la Real Casa de Correos. No obstante, tras hacerse pública la operación, el Gobierno regional puso el activo a la venta el pasado 7 de agosto con un precio de salida de 6,69 millones de euros, destinando las posibles plusvalías a las labores de recuperación de la sierra oeste tras los recientes incendios.
La presidenta madrileña ha salido al paso de las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien recientemente afirmó tener conocimiento desde abril de la búsqueda de un local para las funciones de Presidencia. Díaz Ayuso ha descartado cualquier contradicción con su postura anterior, en la que alegó desconocer los detalles técnicos de la compra, delegando dicha responsabilidad en la Consejería de Presidencia y en la empresa pública encargada de la gestión patrimonial.
En relación con la idoneidad del inmueble para uso administrativo, cuestión planteada por el líder nacional de su formación, Díaz Ayuso ha defendido que se trata de un espacio destinado a oficinas que cuenta con la capacidad legal para albergar despachos. «Todo lo que digo se puede demostrar», ha aseverado la presidenta, rechazando las críticas de la oposición, a la que acusa de intentar prolongar un debate que considera administrativamente resuelto.
Desde el Ejecutivo regional se insiste en que la operación ha sido transparente y que la decisión de vender el activo responde a un cambio de criterio operativo. La recaudación final de la subasta pública se integrará en el presupuesto destinado a paliar los daños medioambientales en la región, cerrando así una gestión patrimonial que ha marcado la agenda política madrileña durante el periodo estival.
