La Comunidad de Madrid recurre ante el Supremo el decreto de regularización por su posible impacto en el censo electoral
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno de España. La jefa del Ejecutivo regional fundamenta esta acción legal en la sospecha de que el proceso administrativo podría ser utilizado para alterar los censos electorales, estimando que una modificación de esta naturaleza tendría capacidad para desplazar hasta diez escaños en la Asamblea de Madrid.
Durante la clausura de una jornada de trabajo con vocales vecinos en la capital, Ayuso ha calificado la medida de «intento de reventar las elecciones». Según la presidenta madrileña, la celeridad en la tramitación de este decreto responde a intereses partidistas del Ejecutivo central, al que ha acusado de buscar viciar los registros de población para obtener una ventaja competitiva en futuros procesos democráticos.
En su intervención, la titular del Gobierno autonómico ha vinculado la política migratoria del gabinete de Pedro Sánchez con una supuesta voluntad de provocar un «estallido social». Ayuso ha argumentado que el enfoque gubernamental fomenta el enfrentamiento civil, una estrategia que, a su juicio, ha sido importada de otros contextos políticos internacionales. «Hemos llevado nuevamente a este Gobierno a los tribunales porque simplemente pedimos ley y orden», ha subrayado la presidenta.
Asimismo, Isabel Díaz Ayuso ha criticado la gestión del Ejecutivo central en materias estructurales como la vivienda y la sanidad pública, señalando que, a pesar de no haber creado nuevas plazas de médicos, se centran en políticas que, bajo su perspectiva, dificultan la integración efectiva de los extranjeros. La presidenta ha contrapuesto el modelo de Madrid, al que ha definido como un «pueblo mestizo» ajeno a identidades nacionalistas, frente a lo que denomina una «máxima nacionalista» basada en el rechazo al otro.
En el plano político institucional, Ayuso ha calificado al presidente del Gobierno como el líder «más antidemocrático de Europa», reprochándole además las recientes reformas en el Código Penal. La presidenta regional concluyó su intervención instando a una futura etapa política en la que sea necesario «reiniciar España» para revertir la situación actual, la cual vaticina que terminará en un «fracaso rotundo» para la administración central.
El recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo marca un nuevo hito en la confrontación jurídica entre la Puerta del Sol y el Palacio de la Moncloa, trasladando el debate sobre la regularización de extranjeros del ámbito social al terreno judicial y competencial.
