El desalojo de la acampada en la Puerta del Sol genera un nuevo choque institucional entre la Comunidad y el Gobierno
La Policía Nacional ha procedido en la madrugada de este martes al desalojo de la acampada por el derecho a la vivienda instalada en la Puerta del Sol de Madrid desde hace 38 días. La intervención policial se ha saldado con la detención de dos personas por presuntos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, en una operación que ha reavivado la confrontación política entre la administración regional y el Ejecutivo central por la gestión del espacio público.
La operación, que afectó a un total de 334 personas pertenecientes al colectivo «Acampada 26-S», ha sido defendida por la Delegación del Gobierno en Madrid como una medida de «último recurso». Según fuentes de la institución, la decisión se adoptó tras un proceso de actuación gradual y al constatar que la movilización había perdido su carácter reivindicativo inicial, derivando en problemas de salubridad y reiteradas alteraciones del orden público en el kilómetro cero de la capital.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado una dura crítica hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusa de haber permitido durante más de un mes los desperfectos y la suciedad en la plaza. La dirigente regional ha cifrado en 25 millones de euros las pérdidas económicas ocasionadas por la protesta y ha alertado sobre el «daño representacional» para la imagen de Madrid y de España ante el turismo y el comercio local.
Díaz Ayuso ha vinculado además la gestión de la acampada en sus últimas semanas con grupos de ideología radical, mencionando la presencia de personas con antecedentes relacionados con movimientos extremistas. A través de sus canales oficiales, la presidenta madrileña ha compartido imágenes del estado de la plaza tras el desalojo, contraponiendo la situación vivida con el derecho de los ciudadanos al uso del espacio público en condiciones de libertad y orden.
Desde el ámbito municipal y autonómico se venía reclamando la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde el inicio de la concentración. Con el levantamiento de las tiendas de campaña y la retirada de los enseres acumulados, los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid han procedido a la restauración del entorno, mientras el debate político se traslada ahora a la responsabilidad administrativa sobre la duración y el desenlace de esta movilización urbana.
