Díaz Ayuso denuncia una campaña de «acoso personal» durante el debate sobre el estado de la región
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este viernes en la Asamblea regional la existencia de una campaña de «acoso personal» dirigida contra ella y su entorno familiar por parte de los grupos de la oposición. Durante la segunda sesión del debate sobre el estado de la región, la jefa del Ejecutivo autonómico ha asegurado que estas acciones se han mantenido de forma constante desde el inicio de su mandato.
En su intervención parlamentaria, Ayuso ha defendido su trayectoria personal y económica frente a las críticas de la izquierda. La presidenta ha subrayado que se sitúa entre los mandatarios autonómicos que mantienen su sueldo congelado y ha enfatizado que sufraga de manera privada sus gastos particulares, incluyendo sus periodos vacacionales, al tiempo que ha recordado que no hace uso de residencias oficiales o palacios públicos.
La sesión ha estado marcada por las referencias de los portavoces de Más Madrid y el PSOE a la vivienda de la presidenta, asunto sobre el cual la oposición continúa reclamando mayor transparencia al Gobierno regional. Ante estas alusiones, la mandataria madrileña ha rechazado las acusaciones de falta de integridad, afirmando que su vida privada está siendo sometida a una persecución que excede las labores ordinarias de control parlamentario.
«Un político tiene que estar fiscalizado, pero no perseguido», ha reclamado Ayuso desde la tribuna de oradores. La presidenta ha insistido en que su gestión y su vida personal son independientes, acusando a los grupos de la izquierda de intentar desestabilizar su posición institucional mediante ataques recurrentes a su biografía y a sus allegados en cada etapa de su carrera pública.
Finalmente, la líder regional ha reafirmado su independencia política, asegurando que actúa con libertad y que no ha buscado «vivir de lo público» en los términos en los que ha criticado a sus adversarios. El debate concluye tras dos jornadas marcadas por la confrontación de modelos de gestión y un intenso cruce de reproches sobre la ética en el ejercicio del cargo y la fiscalización de los representantes públicos.
