Isabel Díaz Ayuso vincula la labor del Tribunal Constitucional con el futuro procesal del Fiscal General
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este lunes su rechazo ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional intervenga en la condena impuesta por el Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. A través de un mensaje en sus redes sociales, la dirigente regional ha cuestionado la imparcialidad de las instituciones judiciales y ha criticado duramente la gestión del Ejecutivo central en relación con los procedimientos que afectan a su entorno personal y a la cúpula del Ministerio Público.
Las declaraciones de la mandataria madrileña se han producido después de que trascendiera que García Ortiz ha solicitado al Tribunal Constitucional la anulación de la condena dictada por el Tribunal Supremo. El Fiscal General fue señalado como responsable de un delito de revelación de secretos relacionado con la difusión de datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de la presidenta. Díaz Ayuso ha calificado el nombramiento de García Ortiz como una decisión política orientada a fines irregulares y ha sugerido que la presidencia del Constitucional podría actuar para «indultar» o «tapar» dicha sentencia.
En su análisis de la actualidad política, Díaz Ayuso ha extendido sus reproches hacia la estructura del Gobierno de España, empleando términos de elevada dureza institucional al calificar la gestión administrativa actual. Asimismo, ha hecho referencia a la situación jurídica del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, señalando que el desarrollo de las investigaciones en curso sobre su etapa en el Gobierno podría derivar en un ingreso en prisión.
La presidenta regional también ha censurado la agenda internacional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, centrando sus críticas en su reciente viaje oficial a China. Díaz Ayuso ha vinculado este desplazamiento con la situación procesal de Begoña Gómez, esposa del presidente, quien se enfrenta a una investigación judicial por cuatro presuntos delitos. Según la dirigente, estas ausencias coinciden con requerimientos judiciales que, en su opinión, no están recibiendo la respuesta institucional adecuada.
Finalmente, la jefa del Ejecutivo madrileño ha alertado sobre las consecuencias que, a su juicio, tendrá para el sistema democrático español la actual relación entre el Poder Ejecutivo y las altas instancias judiciales. Con estas declaraciones, Ayuso refuerza su postura de confrontación directa con el Gobierno central, situando el foco en la independencia de los órganos de garantías constitucionales frente a las resoluciones del Tribunal Supremo.
