El Gobierno regional solicita la comparecencia del consejero de Presidencia para explicar la gestión patrimonial de Planifica Madrid
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha registrado este martes en la Asamblea de Madrid una solicitud de comparecencia a petición propia para el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. El objetivo de esta iniciativa parlamentaria es informar ante el Pleno de la Cámara regional sobre la gestión patrimonial realizada por la empresa pública Planifica Madrid, entidad adscrita a su consejería y responsable de la reciente adquisición y posterior puesta a la venta de un inmueble situado en el distrito de Chamberí.
La decisión de comparecer se produce tras la publicación de los detalles sobre la enajenación de este ático, que ha salido al mercado con un precio de salida de 6,7 millones de euros. Junto a este inmueble, la administración autonómica ha puesto a la venta otros cuatro locales ubicados en la Gran Vía por un valor conjunto de 11,8 millones de euros. Según fuentes del Ejecutivo regional, la recaudación obtenida de estas operaciones comerciales se destinará a financiar las labores de recuperación tras los incendios forestales sufridos el pasado mes de julio en la zona de la Sierra Oeste.
Desde el Gobierno madrileño han defendido la transparencia de la gestión y han subrayado que el consejero García Martín, quien también ejerce como portavoz del Ejecutivo, ya ha ofrecido explicaciones públicas sobre este asunto. «El Gobierno de la Comunidad de Madrid es el que más veces se somete al control parlamentario y rinde cuentas ante la Cámara regional», han señalado fuentes oficiales, remarcando que la comparecencia se activará en el momento en que la Mesa de la Asamblea lo determine.
El origen de la controversia se remonta a la adquisición inicial del inmueble por parte de Planifica Madrid. La Comunidad de Madrid justificó la compra en la necesidad de disponer de un despacho temporal para la Presidencia autonómica, debido a las obras de remodelación que se acometerán próximamente en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. Sin embargo, la decisión de vender el activo apenas unos días después de trascender su compra ha generado críticas entre los grupos de la oposición.
En el ámbito político, las formaciones de izquierda han cuestionado la finalidad de la operación, llegando a calificar el inmueble como una futura «vivienda oficial», extremo que ha sido desmentido por la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Por su parte, el consejero García Martín ha reiterado que el edificio fue adquirido para ponerse al servicio de las necesidades institucionales y de las distintas consejerías, acusando a la oposición de utilizar este asunto para desviar la atención de la actualidad política nacional.
La gestión de este activo patrimonial ha trascendido el debate parlamentario y se encuentra actualmente bajo revisión judicial. El Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid investiga cinco denuncias relacionadas con la compra del inmueble, presentadas por el partido Iustitia Europa, el PSOE-M y tres ciudadanos particulares. Mientras tanto, desde la dirección nacional del Partido Popular, se ha remitido a las explicaciones que deba ofrecer Patrimonio de la Comunidad de Madrid sobre la idoneidad técnica y administrativa de la adquisición.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se pronunció recientemente sobre la situación, dando por concluidas las explicaciones del Ejecutivo al recordar que el inmueble ya se encuentra en el mercado para su venta. Con esta comparecencia ante el Pleno, el Gobierno de la Comunidad busca cerrar el debate institucional sobre la estrategia de gestión de activos de la empresa pública Planifica Madrid.
