Ayuso vincula la gestión estatal de la inmigración irregular con la presión en los servicios públicos madrileños
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este jueves al Gobierno central de utilizar la inmigración irregular para «desguazar» y «reventar» los servicios públicos de las comunidades autónomas. Durante la sesión de control al Ejecutivo regional en la Asamblea de Madrid, la mandataria ha defendido que su administración está reforzando las áreas de sanidad, educación y transporte para absorber el crecimiento poblacional derivado de los flujos migratorios actuales.
Estas declaraciones se producen en respuesta a la intervención de la portavoz de Vox en la Cámara, Isabel Pérez Moñino, quien ha interpelado a la presidenta sobre las medidas de protección de los servicios públicos ante las políticas migratorias del gabinete de Pedro Sánchez. Pérez Moñino ha vinculado la llegada de migrantes desde puntos como Ceuta con un posible incremento en las listas de espera hospitalarias y ha acusado al presidente del Gobierno de pretender modificar el censo electoral mediante la distribución de personas en la península.
En su réplica, Ayuso ha subrayado la complejidad que supone para las comunidades autónomas gestionar esta situación sin disponer de competencias en materia de control de fronteras, políticas migratorias o seguridad ciudadana. La presidenta regional ha incidido en que el Ejecutivo autonómico no cuenta con herramientas para determinar el origen o la vía de entrada de las personas que acceden a la región, ya sea a través del aeropuerto de Barajas o por vías terrestres desde otras provincias.
La portavoz de Vox ha instado al Partido Popular a no repetir lo que considera «errores» de las elecciones generales de 2023, en alusión a la estrategia necesaria para relevar al actual Gobierno de la nación. Por su parte, la presidenta madrileña ha matizado que los fallos estratégicos del pasado fueron compartidos por distintas formaciones y ha reprochado a los partidos de izquierda actuar de forma «antidemocrática» ante la posibilidad de perder el poder institucional.
Finalmente, el debate parlamentario ha concluido con la reafirmación por parte del Gobierno regional de su política de vertebración del territorio. Según el Ejecutivo de Ayuso, el objetivo prioritario sigue siendo garantizar un crecimiento equilibrado de la región, a pesar de lo que definen como una falta de coordinación y transparencia por parte de la administración central en la distribución de los flujos migratorios en el territorio nacional.
