La Comunidad de Madrid cuestiona la política migratoria y la relación del Gobierno central con Marruecos
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha manifestado este lunes su preocupación por la gestión del Ejecutivo central en materia de control fronterizo y política exterior. Durante una atención a los medios en San Lorenzo de El Escorial, el representante autonómico ha cuestionado los motivos que condicionan la relación entre el presidente Pedro Sánchez y el Reino de Marruecos, exigiendo un refuerzo inmediato de la seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla.
En el marco de una visita al Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del partido judicial de San Lorenzo de El Escorial, García Martín se ha preguntado públicamente «qué sabe el Gobierno de Marruecos» para, según su valoración, mantener «maniatado» al presidente del Gobierno de España. Estas declaraciones se producen tras los recientes episodios de presión migratoria registrados en la ciudad autónoma de Ceuta, donde la entrada de miles de personas en cortos periodos de tiempo ha tensado la capacidad de respuesta de las autoridades.
El portavoz madrileño ha calificado de crítica la situación vivida en la frontera sur, señalando que la percepción de una falta de control «va a perseguir siempre a este Gobierno». Asimismo, ha criticado la estancia del jefe del Ejecutivo en la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, durante los momentos de mayor tensión fronteriza, contrastando la actividad vacacional de la presidencia con la situación de los ciudadanos ceutíes y la integridad de los límites territoriales del país.
Desde el Gobierno regional se ha hecho un llamamiento formal para que se doten de mayores medios materiales y humanos a las fuerzas de seguridad encargadas de la vigilancia de las fronteras. García Martín ha insistido en que es responsabilidad prioritaria del Ejecutivo central la defensa de la integridad territorial y el cumplimiento de las leyes ante la inmigración ilegal.
La intervención ha concluido con la exigencia de una política exterior que garantice la soberanía nacional y evite, en palabras del portavoz, el «consentimiento implícito o explícito» ante la entrada masiva de personas de manera irregular. Esta postura se alinea con la línea institucional de la Comunidad de Madrid, que reclama una gestión migratoria coordinada y con recursos suficientes para afrontar las crisis en las ciudades autónomas.
