La Comunidad de Madrid califica de «peligro para la salud pública» la gestión de la ministra Mónica García
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha criticado con dureza este miércoles la labor de la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien ha definido como un «peligro para la salud pública». Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz regional ha fundamentado esta valoración en lo que considera una gestión deficiente que ha derivado, según sus datos, en la cancelación de cuatro millones de citas médicas en todo el país.
García Martín ha vinculado esta cifra de consultas no atendidas a la situación de conflictividad que el Ministerio mantiene con el sector profesional. Según el portavoz, la ministra tiene «en pie de guerra a todos los médicos», situación a la que ha sumado las dificultades de gestión sanitaria en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, competencias directas del Estado. En este sentido, el Ejecutivo madrileño ha instado a la titular de Sanidad a abandonar la confrontación política con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a centrarse en sus responsabilidades administrativas.
Desde la Real Casa de Correos se ha exigido también transparencia respecto a los fondos destinados a las comunidades autónomas. El portavoz madrileño ha interpelado directamente a la ministra sobre el paradero de los 300.000 millones de euros que, según recordó García Martín, se comprometieron para el refuerzo de los sistemas sanitarios regionales. «Su nefasta gestión habla por sí sola», ha sentenciado el representante autonómico, instando a la ministra a «dejar de mentir».
Por otro lado, la comparecencia ha servido para fijar la posición de la Comunidad de Madrid respecto a la objeción de conciencia en relación con el aborto, tras los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). García Martín ha asegurado que el Gobierno regional está cumpliendo «taxativamente» con lo dictado por los tribunales, garantizando el equilibrio entre los derechos constitucionales en juego.
A este respecto, el portavoz ha reiterado que la administración madrileña mantendrá su política de protección de la vida y de defensa del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. No obstante, ha matizado que dicha protección se hará de forma compatible con la prestación del servicio a aquellas mujeres que decidan interrumpir su embarazo dentro de los supuestos legales establecidos por la normativa vigente.
