La Comunidad de Madrid anuncia un recurso ante el Supremo contra el decreto de regularización de inmigrantes

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros para la regularización extraordinaria de ciudadanos extranjeros. La administración autonómica, presidida por Isabel Díaz Ayuso, fundamenta esta acción legal en una presunta vulneración de la normativa de la Unión Europea y el impacto que la medida tendría sobre la prestación de los servicios públicos regionales.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha sido el encargado de comunicar la decisión durante su comparecencia oficial. Según el portavoz, el gabinete jurídico de la Comunidad se encuentra elaborando el recurso basándose en que la regularización masiva podría comprometer la seguridad nacional y provocar la saturación de las infraestructuras y servicios públicos dependientes de la autonomía.

Desde la Puerta del Sol se sostiene que este procedimiento administrativo generará un «efecto llamada» y favorecerá la actividad de las redes de tráfico de personas. García Martín ha manifestado que la iniciativa del Gobierno central podría derivar en una afectación a la convivencia y en el desbordamiento de las capacidades asistenciales de la región, calificando la decisión del Consejo de Ministros como contraria a los intereses generales y al marco normativo comunitario.

Por su parte, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha defendido la legalidad y la necesidad de este real decreto ley, que contempla la regularización de aproximadamente medio millón de personas en situación irregular. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que la medida es un «acto de coherencia ética y de justicia social», subrayando que el texto exige como condición indispensable carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden o la seguridad pública.

La ministra Saiz ha destacado que este proceso permitirá a miles de personas que ya residen en España acceder a plenos derechos y cumplir con sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Según el calendario previsto por el Ministerio, los trámites para los solicitantes comenzarán de forma telemática el próximo 16 de abril, habilitándose la atención presencial a partir del día 20 del mismo mes.

El conflicto jurídico escalará ahora a la máxima instancia judicial, donde se deberá dirimir si el decreto estatal se ajusta a la legislación vigente y a los tratados europeos en materia de inmigración, o si, por el contrario, concurren los motivos de impugnación presentados por el Gobierno madrileño respecto a las competencias autonómicas y la seguridad jurídica.