Ayuso denuncia el impacto económico de la acampada en la Puerta del Sol y señala al Gobierno central
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado este miércoles como un «campamento político» el asentamiento que permanece en la Puerta del Sol desde hace once días. La jefa del Ejecutivo autonómico ha responsabilizado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de permitir una situación que, según sus declaraciones, está afectando gravemente a la actividad comercial y a la convivencia en el centro de la capital.
A través de una declaración pública, Ayuso ha denunciado que el espacio emblemático de la ciudad ha sido «ocupado a hechos consumados» y «vandalizado». En su argumentación, la presidenta regional ha puesto el foco en el perjuicio económico para los establecimientos de la zona, señalando que las ventas han registrado una caída estimada del 60% y que diversos comercios se han visto obligados a adelantar su horario de cierre ante la alteración del tránsito habitual de ciudadanos y turistas.
La controversia se produce tras la solicitud de medidas cautelarísimas por parte del Gobierno regional para proceder al desalojo inmediato del asentamiento, promovido por el Sindicato de Inquilinas. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó en primera instancia esta petición de urgencia, estableciendo un plazo que finaliza este miércoles para que las partes involucradas intenten alcanzar un acuerdo o presenten sus alegaciones pertinentes.
Desde la administración autonómica se ha reiterado la crítica hacia la gestión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a quien Ayuso acusa de haber permitido una movilización que define como «ilegal». La presidenta sostiene que la gestión de la seguridad y el orden público en la plaza ha derivado en una situación de «asfixia» para los comerciantes madrileños, quienes, en sus palabras, están «pagando la factura» de la protesta política.
Este cruce de reproches institucionales se enmarca en un contexto de tensión creciente entre la Puerta del Sol y el Palacio de la Moncloa respecto a las competencias de orden público y el derecho de manifestación. Mientras el Ejecutivo regional urge a la liberación del espacio público, las autoridades judiciales mantienen el procedimiento ordinario para evaluar la legalidad y permanencia de la protesta en el kilómetro cero.
