La Comunidad de Madrid recurre a la justicia para exigir el desalojo inmediato de la acampada en Sol
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales para reclamar la disolución de la acampada instalada en la Puerta del Sol. La iniciativa jurídica incluye la petición de medidas cautelarísimas para proceder al desalojo urgente del espacio, ante lo que la administración regional califica como una situación de inacción por parte de la Delegación del Gobierno.
Durante su intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid, la jefa del Ejecutivo autonómico ha precisado que esta decisión se toma tras el vencimiento del plazo de 48 horas otorgado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, para actuar de oficio. Según la argumentación de la Comunidad, la protesta ha derivado en una ocupación ilegal del espacio público que requiere la intervención judicial ante la negativa de las autoridades estatales a intervenir.
El requerimiento enviado a la Delegación del Gobierno fundamenta la solicitud en que la movilización, centrada en la crisis de la vivienda, carece de la comunicación previa preceptiva y excede los límites constitucionales del derecho de reunión por su carácter permanente e indefinido. El informe jurídico regional advierte asimismo sobre una posible alteración del orden público con peligro potencial para las personas y los bienes materiales en la zona central de la capital.
En el ámbito institucional, el Gobierno regional sostiene que la permanencia de la acampada perturba de manera directa el funcionamiento de la Real Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. A esta afectación se suma la queja sobre el impacto en la actividad comercial del distrito Centro y en la imagen de la ciudad como destino de calidad, asegurando que la dinámica económica del entorno se encuentra condicionada por la protesta.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid se ha sumado a la preocupación institucional. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha respaldado la necesidad del desalojo aludiendo a problemas de seguridad ciudadana y a la detección de objetos que podrían ser utilizados de forma contundente. La resolución del conflicto queda ahora a la espera del pronunciamiento judicial sobre las medidas cautelares solicitadas por el gabinete de Díaz Ayuso.
