El Ayuntamiento de Barcelona paraliza el desahucio de un bloque en Sant Andreu tras acordar su compra
El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña han logrado suspender el lanzamiento judicial previsto para este martes en un inmueble de la calle Llenguadoc, en el distrito de Sant Andreu. La paralización del desahucio, que afectaba a 32 personas, se ha producido tras alcanzar un principio de acuerdo con la propiedad para la adquisición del edificio mediante fondos públicos de emergencia.
El teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls, ha comparecido en rueda de prensa para confirmar la operación, detallando que el consistorio ha utilizado el fondo de emergencia habitacional creado por la Generalitat para facilitar la compra de la finca. Según el representante municipal, este acuerdo garantiza que los residentes puedan permanecer en sus viviendas bajo una nueva titularidad pública.
La intervención administrativa ha afectado a un total de 18 pisos de los 20 que componen el bloque del número 74 de la citada vía. En las unidades familiares afectadas residen 32 personas, entre las cuales se encuentran seis menores de edad. Los ocupantes del inmueble mantenían la posesión de las viviendas desde hace varios años, lo que había derivado en el proceso de lanzamiento programado para las 08:00 horas de hoy.
Durante la jornada, diversos sindicatos de vivienda mantuvieron una concentración frente al edificio en señal de protesta. Paralelamente, técnicos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona trabajaron en la mediación con la propiedad para evitar la ejecución del desahucio, que finalmente se resolvió con la propuesta de compra institucional.
Desde el punto de vista de la atención social, 13 de las 18 familias afectadas ya contaban con un seguimiento por parte del Servicio de Intervención y Mediación en situaciones de Pérdida de Vivienda y Ocupaciones (SIPHO) del Ayuntamiento de Barcelona. Esta vinculación previa ha facilitado la gestión del expediente administrativo en el marco de las políticas locales de prevención de la exclusión residencial.
La adquisición del inmueble se formalizará en las próximas fechas, integrando las viviendas en el parque público gestionado por la administración, lo que permitirá regularizar la situación de los residentes conforme a los criterios de la mesa de emergencia social.
