La acusación popular solicita 13 años de prisión para Begoña Gómez por malversación y tráfico de influencias
La organización Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en el procedimiento judicial contra Begoña Gómez, ha presentado este lunes su escrito de conclusiones provisionales ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. En el documento, se solicita una pena de 13 años de prisión para la esposa del presidente del Gobierno por los presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación continuada y malversación agravada. Asimismo, la acusación reclama seis años de cárcel para su asistente en el Complejo de La Moncloa, Cristina Álvarez, por su presunta colaboración en los hechos.
El escrito de la acusación se fundamenta en tres ejes delictivos diferenciados. Por el delito de tráfico de influencias, se solicitan dos años de prisión bajo el argumento de que la investigada se habría prevalecido de su condición personal para la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). A esto se suman tres años por malversación continuada, vinculados al uso de recursos públicos —concretamente la labor de su asistente— para fines de carácter privado.
La petición más severa, que asciende a ocho años de cárcel, corresponde al presunto delito de malversación agravada. Según el texto remitido al juez Juan Carlos Peinado, la acusación sostiene que Gómez se habría apropiado de un software desarrollado con fondos públicos para su cátedra universitaria, registrándolo a través de marcas y una sociedad mercantil propia. El perjuicio económico causado a la Universidad Complutense ha sido cifrado en 113.509 euros, cantidad que la institución académica reclama en concepto de responsabilidad civil.
En el apartado de pruebas testificales, Hazte Oír propone la comparecencia de 118 personas. Entre los nombres destacados se encuentra el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien se cita para esclarecer el uso del Palacio de La Moncloa como entorno para las actividades relacionadas con la cátedra. También se solicita la declaración del ministro de Justicia, Félix Bolaños; del rector de la UCM, Joaquín Goyache; del empresario Juan Carlos Barrabés y del comisionista Víctor de Aldama, entre otros perfiles del ámbito empresarial y académico.
La situación procesal de Cristina Álvarez también se ve agravada en este escrito, donde se le atribuye un papel de cooperadora necesaria en el desvío del software. La acusación sostiene que la asistente, retribuida con fondos públicos para funciones de asesoramiento institucional, habría gestionado tareas de la agenda privada y profesional de Gómez, excediendo las competencias legales de su cargo en la Administración General del Estado.
Este paso procesal se produce después de que el magistrado instructor acordara el pasado 20 de junio remitir la causa a un juicio con jurado, una decisión que fue avalada recientemente por la Audiencia Provincial de Madrid. Mientras la acusación popular y la Universidad Complutense han impulsado la continuidad del proceso, tanto la Fiscalía como la defensa de Begoña Gómez han mantenido de forma reiterada la solicitud de archivo de las actuaciones al no apreciar indicios de criminalidad en los hechos investigados.
