La defensa de Begoña Gómez solicita su libre absolución y niega la existencia de ilícitos penales

Antonio Camacho, abogado defensor de Begoña Gómez y exministro, ha presentado formalmente un escrito ante el juzgado de instrucción solicitando la libre absolución de su representada. La defensa sostiene que los hechos investigados por el magistrado Juan Carlos Peinado no revisten carácter delictivo, rechazando de forma íntegra las acusaciones de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

En el documento de defensa, el letrado argumenta que «no procede la imposición de pena ni sanción de ninguna clase», al considerar que las actuaciones de Gómez se han ajustado estrictamente a la legalidad. La representación jurídica fundamenta su petición en la inexistencia de indicios que sustenten los tipos penales que se le imputan en la causa que actualmente se instruye en los juzgados de Plaza de Castilla.

Uno de los puntos clave del escrito de defensa es la cronología de la relación profesional de Begoña Gómez con la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El abogado destaca que dicha vinculación académica se inició en el año 2012. Según subraya el texto, en aquel momento Pedro Sánchez no ostentaba ninguna responsabilidad pública, un dato con el que la defensa busca desvincular la trayectoria profesional de la investigada de la carrera política de su cónyuge.

El proceso, dirigido por el juez Juan Carlos Peinado, continúa analizando la actividad de Gómez en relación con el desarrollo de software y la gestión de cátedras en la mencionada institución universitaria. Con esta solicitud de absolución, la defensa pretende el cierre de las diligencias, alegando que la investigación carece de base jurídica para prosperar hacia una fase de juicio oral.

Este movimiento procesal se produce en un contexto de alta expectación institucional, mientras el juzgado sigue practicando diligencias de prueba y analizando los informes solicitados a diversas entidades para esclarecer si hubo irregularidades en los contratos o en el uso de herramientas institucionales por parte de la investigada.