El PP garantiza el cumplimiento de la ley en el reparto de menores migrantes ante la crisis migratoria
El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha asegurado este jueves que los gobiernos autonómicos encabezados por su formación cumplirán con la legislación vigente en relación con la acogida de menores migrantes. Estas declaraciones se producen en un contexto de tensión política por la gestión de la crisis migratoria y las discrepancias manifestadas por Vox, socio de gobierno del PP en diversas comunidades autónomas.
Durante una comparecencia ante los medios en Málaga, Bendodo ha subrayado que los pactos de gobierno suscritos con Vox contemplan explícitamente el cumplimiento de la ley en materia de inmigración irregular. «La legislación vigente se cumplirá, esta ocasión también», ha afirmado el dirigente popular, desvinculando la gestión administrativa de las posturas ideológicas más restrictivas de sus socios de coalición en regiones como Andalucía, Castilla y León o la Comunidad Valenciana.
Asimismo, el representante del Partido Popular ha desplazado la responsabilidad de la actual situación al Gobierno central, señalando lo que define como «inestabilidad y debilidad» del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. Según Bendodo, el Gobierno debe asumir su competencia en seguridad y gestión fronteriza en lugar de «echar la pelota a las comunidades autónomas». En este sentido, ha reiterado la postura de su partido respecto a la migración irregular, sosteniendo que «todos los que han entrado ilegalmente, legalmente tienen que irse».
La posición oficial del Partido Popular contrasta con las manifestaciones recientes de los representantes de Vox. Manuel Gavira, portavoz parlamentario de la formación en Andalucía, ha expresado a través de sus canales oficiales la oposición frontal de su partido al reparto de menores propuesto por el Gobierno de España. Gavira ha recordado que el rechazo a la distribución de menores migrantes forma parte de lo pactado entre ambas formaciones para la gobernabilidad regional.
Desde el ámbito institucional de Ceuta, la situación se describe como crítica. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha informado de que actualmente atienden a unos 1.100 menores y ha confirmado que ya se están produciendo traslados a la Península. Por su parte, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha advertido de que la negativa de las comunidades autónomas a participar en el reparto podría derivar en actuaciones de oficio por parte de la Fiscalía de Menores, apelando a la obligatoriedad del cumplimiento normativo.
Mientras se mantiene el debate sobre el sistema de reparto, otras comunidades autónomas, como Navarra, ya han manifestado su disposición a colaborar con Ceuta. La gestión de los menores extranjeros no acompañados se consolida así como uno de los principales focos de fricción parlamentaria y territorial, poniendo a prueba la cohesión de los gobiernos de coalición autonómicos frente a las competencias del Estado y los tratados internacionales de acogida.
