La juez Beatriz Biedma denuncia seguimientos del exmagistrado Sáenz de Tejada tras declarar en la Audiencia Nacional
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha interpuesto una denuncia formal tras ser presuntamente seguida por el exjuez Luis José Sáenz de Tejada. Los hechos, según el documento al que se ha tenido acceso, se produjeron el pasado 8 de octubre mientras la magistrada regresaba a su domicilio en Badajoz después de haber prestado declaración ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, en Madrid.
El incidente ocurrió en torno a las 19:00 horas, tras el aterrizaje de la juez en el aeropuerto de Talavera la Real. Según el relato de la denuncia, Biedma viajaba en su vehículo particular acompañada por sus dos hijas cuando una de ellas advirtió la presencia de un coche blanco que se situó en paralelo al suyo. En ese momento, la menor identificó a Sáenz de Tejada como el ocupante del vehículo, aunque no fue posible registrar la matrícula del mismo.
Ante la precisión del seguimiento, la magistrada ha manifestado su preocupación por el origen de la información sobre sus desplazamientos. En su comparecencia, Biedma sugirió la sospecha de que pudiera haberse instalado algún tipo de dispositivo de localización GPS en su automóvil, dado que el exjuez conocía con exactitud el trayecto y el horario de su retorno desde la capital.
La juez ha expresado ante las autoridades el temor por su integridad física y la de sus hijas, vinculando este episodio con una campaña de hostigamiento que, según afirma, persiste en el entorno digital. La denuncia señala la publicación recurrente de vídeos en la plataforma YouTube, donde el exmagistrado ratifica sus expresiones previas, así como la actividad detectada en grupos de redes sociales locales donde se mantienen los mensajes dirigidos hacia su persona.
Como medida de respuesta ante la gravedad de los hechos denunciados, la Delegación del Gobierno en Extremadura confirmó este miércoles que el Ministerio del Interior ha asignado de manera oficial un servicio de escolta para la magistrada. Esta protección institucional se implementa tras la evaluación de las amenazas y los recientes seguimientos padecidos por la instructora.
Este suceso se enmarca en un contexto de tensión institucional, tras conocerse recientemente la falta de consenso en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para emitir una condena unánime frente al hostigamiento denunciado por la juez Biedma en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.
