Justicia federal de EE. UU. bloquea de forma permanente mandato que exigía prueba de ciudadanía para el registro de votantes

La jueza del Tribunal del Distrito de Boston, Denise Casper, ha dictaminado una prohibición permanente contra el mandato del Gobierno de los Estados Unidos que exigía la presentación de un pasaporte o documento acreditativo de ciudadanía para el registro de electores mediante el formulario federal. La resolución judicial invalida de forma definitiva la iniciativa del Ejecutivo tras concluir que la medida excede las facultades presidenciales y vulnera el orden constitucional vigente.

El fallo ratifica la postura adoptada por la magistrada el año pasado, cuando emitió un bloqueo temporal a raíz de las demandas presentadas por una coalición de 19 estados. Según la sentencia, la Constitución estadounidense no otorga al presidente poderes específicos sobre la regulación de los procesos electorales, toda vez que dicha competencia recae de manera primaria en las legislaturas estatales. La decisión subraya que la imposición de estos requisitos adicionales constituye una violación a la separación de poderes.

La orden ejecutiva ahora bloqueada instruía a la Comisión de Asistencia Electoral a requerir pruebas documentales de ciudadanía en sus formularios de inscripción. Además, la normativa pretendía prohibir el recuento de votos por correo que llegaran con posterioridad al día de las elecciones, una medida que afectaba directamente a estados con altos volúmenes de participación postal, como California. El plan del Ejecutivo contemplaba, asimismo, la retención de fondos federales y la aplicación de sanciones para aquellas administraciones estatales que no acataran las nuevas directrices.

Los demandantes argumentaron durante el proceso que estas exigencias administrativas tendrían un impacto excluyente, privando a millones de ciudadanos de su derecho al sufragio, con especial incidencia en comunidades de bajos recursos y minorías étnicas que carecen de acceso inmediato a la documentación requerida. Letitia James, fiscal general de Nueva York y representante de uno de los estados litigantes, manifestó que el fallo judicial protege el legado democrático frente a intentos de socavar el acceso al voto.

Este revés judicial ocurre mientras la administración continúa impulsando la reforma electoral a través de la vía legislativa con el proyecto de ley «SAVE America» (Salvar a Estados Unidos). Aunque esta propuesta ya ha recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes, su trámite se encuentra actualmente estancado en el Senado. En los últimos días, el mandatario ha condicionado la firma de leyes de vivienda y presupuesto a la aprobación de este paquete de reformas que busca endurecer los requisitos de registro a nivel nacional.

Desde el Ejecutivo se ha defendido la necesidad de estas medidas bajo la premisa de prevenir el fraude electoral, sosteniendo que personas sin estatus legal participan en los comicios. No obstante, las autoridades judiciales han reiterado que no se han presentado pruebas que sustenten dichas afirmaciones de irregularidades sistémicas, priorizando la protección de los derechos de participación ciudadana establecidos en el marco legal federal.