Bolaños advierte que el Gobierno impugnará ante la justicia los pactos autonómicos que vulneren la Constitución
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo central trasladará a los tribunales todos aquellos acuerdos alcanzados entre el Partido Popular y Vox en las comunidades autónomas que, a su juicio, contravengan la Constitución Española o los derechos humanos.
Durante la sesión de control al Gobierno, el titular de Presidencia ha respondido a las interpelaciones de la portavoz de Vox, Pepa Millán, subrayando que las medidas que supongan un retroceso en derechos consolidados pasarán directamente de los boletines oficiales autonómicos a la «papelera de la historia». Bolaños ha reiterado que el Gabinete progresista actuará como barrera legal frente a iniciativas similares al denominado «pin parental», el protocolo de latido fetal o las leyes de memoria que, según el criterio del Gobierno, pretenden desvirtuar la memoria democrática.
Por su parte, la representante de Vox ha cuestionado la integridad del Ejecutivo y ha acusado al ministro de utilizar las instituciones estatales como una herramienta contra el poder judicial y contra los ciudadanos. Millán ha reprochado al Gobierno el supuesto señalamiento a jueces y fiscales, vinculando estas acciones con una estrategia para eludir responsabilidades en casos de presunta corrupción. Asimismo, la portavoz ha preguntado si el Gobierno tiene intención de ejercer presión sobre los ciudadanos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, regiones donde ambas formaciones de derecha mantienen acuerdos de gobernabilidad.
En su réplica, Bolaños ha rechazado frontalmente el concepto de «prioridad nacional» en el acceso a ayudas y servicios públicos, una de las premisas defendidas por Vox e incorporada en diversos acuerdos regionales con el Partido Popular. El ministro ha señalado que este criterio es incompatible con el marco legal vigente y ha afeado a la formación de Santiago Abascal su postura, argumentando que sus políticas se alinean con intereses de grandes capitales en lugar de proteger a los ciudadanos que requieren del sistema público.
El intercambio parlamentario ha concluido con la reafirmación por parte del Gobierno de su compromiso de vigilancia sobre las normativas territoriales. Esta postura institucional busca garantizar que las políticas desarrolladas en las cámaras autonómicas no se aparten de los tratados internacionales de derechos humanos ni de los preceptos fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico español.
