La formación parlamentaria Junts per Catalunya ha registrado en el Congreso de los Diputados una nueva proposición de ley orgánica con el objetivo de asumir la delegación de las competencias integrales en materia de inmigración. Esta iniciativa legislativa se produce casi un año después de que la Cámara Baja rechazara la tramitación de una propuesta similar y coincide con la actual crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma de Ceuta.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado la disposición del Ejecutivo para avanzar en el traspaso de estas facultades, en cumplimiento de los acuerdos de investidura suscritos entre el PSOE y Junts. No obstante, el titular de Presidencia ha advertido a la formación neoconvergente sobre la necesidad de articular mayorías suficientes en un arco parlamentario fragmentado, cuestionando la presentación unilateral del texto.
La nueva propuesta mantiene el articulado técnico pactado originalmente con los socialistas en marzo de 2024, pero introduce modificaciones sustanciales en la exposición de motivos. Este cambio en el preámbulo busca sortear el rechazo de Podemos, formación que en la anterior votación de septiembre calificó el texto de racista y votó en contra junto a PP, Vox y otros grupos minoritarios, impidiendo así su admisión a trámite.
Durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Bolaños reiteró que el Gobierno se mantiene en la posición de defender la delegación de competencias a la Generalitat en los términos pactados. Sin embargo, afeó a Junts la estrategia de registrar la ley sin una negociación previa que garantice los apoyos de los socios habituales del bloque de investidura, refiriéndose a la iniciativa como un posible juego de artificio si no se consiguen los votos necesarios.
Por su parte, el diputado de Junts, Josep Pagès, justificó la urgencia de la medida denunciando la incapacidad del Gobierno central para gestionar los flujos migratorios de forma ordenada. Pagès criticó el reparto de menores extranjeros no acompañados y el traslado de personas desde Ceuta hacia la Península, argumentando que la red de acogida en Cataluña se encuentra sobresaturada y que la comunidad no debe asumir los efectos de lo que calificó como negligencia estatal.
Desde la formación independentista se reclama un traspaso integral que incluya la gestión de los flujos, la acogida, la integración, la lengua y la seguridad. Según Junts, Cataluña requiere capacidad de decisión propia sobre estas materias para responder a las necesidades de la ciudadanía, evitando que las políticas se definan de forma centralizada sin tener en cuenta la realidad de los servicios públicos autonómicos.
No obstante, la iniciativa se enfrenta a posibles obstáculos jurídicos. Diversos expertos constitucionalistas han señalado que una transferencia de estas características podría colisionar con el artículo 149.2 de la Constitución Española, que otorga al Estado la competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Sindicatos policiales también han expresado su rechazo, al considerar que el control de las fronteras exteriores es una función indelegable del Estado.
El debate parlamentario sobre esta nueva ley se desarrollará en las próximas semanas, en un contexto marcado por la presión migratoria en las fronteras del sur y el ascenso de discursos críticos con la gestión de la inmigración en Cataluña. La posición definitiva de grupos como Podemos y el resto de socios de la mayoría gubernamental será determinante para conocer si la propuesta logra, esta vez, iniciar su recorrido legislativo.
