El Gobierno anuncia un plan de 168 millones de euros para el impulso económico de Ceuta y Melilla
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la aprobación de un paquete de ayudas urgentes por valor de 168 millones de euros destinado a Ceuta y Melilla. Esta medida, que será ratificada mañana por el Consejo de Ministros, incluye como eje principal una bonificación del 75% en las cuotas de la Seguridad Social para la contratación de trabajadores en ambas ciudades autónomas, con el objetivo de fortalecer el mercado laboral local.
Dentro del marco de este plan de apoyo, el Ministerio de Trabajo facilitará que las empresas puedan acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de carácter especial. Estos mecanismos contarán con una exención del 100% de las cotizaciones empresariales y garantizarán la protección plena de las personas trabajadoras, quienes tendrán acceso a la prestación por desempleo sin que esta consuma sus periodos de cotización acumulados.
El presidente ha destacado en una entrevista para la Cadena Ser que la cuantía de este plan equivale al 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de Ceuta. Además de los incentivos a la contratación, el paquete normativo prevé la concesión de ayudas directas a pequeñas y medianas empresas (pymes) y a trabajadores autónomos. Estas medidas buscan revitalizar la actividad económica tras el impacto derivado de la entrada masiva de inmigrantes ocurrida los pasados 30 y 31 de julio.
La movilización de estos 168 millones de euros representa una ampliación extraordinaria de las inversiones estatales ya previstas para las ciudades autónomas. Este fondo se suma al plan especial de apoyo económico que, para el periodo comprendido entre 2023 y 2026, ya ha movilizado un total de 180 millones de euros, reforzando la estrategia de estabilidad financiera y desarrollo para estos territorios.
Desde el Ejecutivo subrayan que la finalidad primordial de estas actuaciones es blindar el empleo y ofrecer soporte directo al tejido productivo local frente a situaciones de excepcionalidad. La implementación de estas bonificaciones y exenciones responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las empresas y el bienestar de los trabajadores en un entorno económico condicionado por la situación fronteriza.
