La Comisión Europea aclara que el rescate de Plus Ultra no requirió examen individual al no superar los 250 millones
La Comisión Europea ha precisado este viernes que el rescate de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea Plus Ultra no necesitó de una autorización específica por parte de los servicios de competencia comunitarios. Según ha informado la institución, la operación se ejecutó de acuerdo con las reglas europeas de ayudas de Estado al no alcanzar el umbral mínimo de 250 millones de euros que exige una notificación individual y un examen pormenorizado por parte de Bruselas.
El portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso, ha explicado que el apoyo financiero se canalizó a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), un mecanismo que ya había sido validado por la Comisión en julio de 2020. Bajo el Marco Temporal adoptado para paliar los efectos económicos de la pandemia, solo las decisiones de ayuda destinadas a la recapitalización que superaran los 250 millones de euros debían someterse al escrutinio individual de la Unión Europea.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario ha recordado que el plan establecido en el fondo de solvencia español fue considerado conforme a las normas de la UE para responder a la perturbación económica provocada por la crisis del COVID-19. Al situarse la ayuda a Plus Ultra sensiblemente por debajo del límite regulatorio, la Comisión no analizó individualmente la concesión del crédito, ya que esta quedaba amparada por el esquema general previamente autorizado.
El Partido Popular solicita la revisión del expediente en la Eurocámara
La aclaración de la Comisión coincide con una iniciativa de la delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo, que ha instado a la institución a revisar las condiciones de este rescate. La eurodiputada y vicepresidenta del grupo PPE, Dolors Montserrat, ha registrado una pregunta parlamentaria en la que solicita aclarar si se utilizaron instrumentos europeos para beneficiar políticamente a la aerolínea, en el marco de las recientes informaciones judiciales que afectan al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Montserrat ha cuestionado si el proceso de concesión de las ayudas vulneró principios esenciales del Derecho de la Unión, tales como la transparencia, la igualdad de trato y la buena administración. Según la representante popular, es imperativo asegurar que los mecanismos excepcionales creados para proteger el tejido productivo y el empleo no se desvíen hacia intereses particulares o redes de influencia política.
La formación de la oposición subraya que la Unión Europea debe garantizar un control adecuado de las ayudas de Estado para evitar la opacidad en el uso de los recursos públicos. Por su parte, la Comisión Europea mantiene su postura técnica, vinculando la validez del proceso al cumplimiento de los criterios normativos y los umbrales de notificación vigentes durante la crisis sanitaria.
