La Comisión Europea abre expediente a España por el retraso en el plan de preparación ante riesgos eléctricos
La Comisión Europea ha iniciado este jueves un procedimiento de infracción contra España al no haber notificado la actualización de su plan de preparación ante riesgos en el sector eléctrico. Esta herramienta técnica es obligatoria según la normativa comunitaria y tiene como objetivo principal prevenir interrupciones en el suministro y establecer protocolos de actuación ante posibles apagones o crisis energéticas a gran escala.
El Ejecutivo comunitario ha remitido una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, así como a las de Francia, mientras que ha enviado una comunicación adicional a Bélgica. En el documento, Bruselas insta a los tres Estados miembros a cumplir «sin demora» con las obligaciones de transparencia y planificación que exige el reglamento europeo sobre la seguridad del suministro eléctrico.
Según ha informado la Comisión en un comunicado, estos planes deben integrar todas las medidas previstas para afrontar contingencias que puedan desencadenar una crisis eléctrica. Entre los escenarios de riesgo identificados destacan los fenómenos meteorológicos extremos, la escasez de combustibles o posibles ataques maliciosos contra las infraestructuras críticas del sistema.
La normativa europea subraya que las crisis energéticas suelen tener un carácter transfronterizo. Incidentes como olas de calor persistentes, olas de frío intenso o ciberataques pueden comprometer simultáneamente la red de varios Estados miembros. Por ello, los planes nacionales y regionales buscan garantizar que, en caso de emergencia, el flujo de electricidad pueda ser redirigido de manera eficiente hacia las zonas donde la demanda sea más crítica.
El marco legal vigente obliga a los Estados miembros a adoptar y publicar una actualización de sus estrategias de preparación cada cuatro años. En este ciclo administrativo, los países señalados debían haber notificado sus documentos actualizados con fecha límite de 5 de enero; no obstante, el Ejecutivo comunitario ha constatado que los expedientes de España, Francia y Bélgica aún no han sido remitidos formalmente.
Tras la apertura de este procedimiento, el Gobierno español dispone ahora de un plazo de dos meses para responder a las exigencias de la Comisión y subsanar la falta de notificación. En caso de que Bruselas considere que la respuesta es insuficiente o si persiste el incumplimiento, el procedimiento de infracción podría avanzar hacia la fase de dictamen motivado, paso previo a una posible intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
