La Comisión Europea confirma la recepción de la denuncia de Puigdemont sobre la aplicación de la amnistía

La Comisión Europea ha confirmado este miércoles la recepción del escrito remitido por la defensa del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el que se acusa al Reino de España de un presunto incumplimiento del derecho comunitario. La queja se fundamenta en la reciente decisión del Tribunal de Cuentas de cuestionar la aplicación de la ley de amnistía en el procedimiento relativo a los gastos del proceso independentista, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado 16 de julio.

Un portavoz del Ejecutivo comunitario explicó que la reclamación seguirá los cauces institucionales habituales, que incluyen una fase de examen, registro y evaluación antes de determinar si se procede a tomar una decisión formal. No obstante, desde Bruselas se ha evitado realizar valoraciones políticas sobre el fondo del asunto, incidiendo en que la responsabilidad de aplicar las sentencias del TJUE recae directamente sobre los tribunales nacionales que elevaron las cuestiones prejudiciales en su momento.

El conflicto jurídico se originó a raíz de una providencia dictada el pasado lunes por el Tribunal de Cuentas. En dicho documento, el órgano fiscalizador consultó a las partes personadas sobre la posibilidad de excluir de la amnistía a una treintena de ex altos cargos del Govern, entre ellos el propio Puigdemont, si se llegara a determinar que los fondos públicos utilizados para la acción exterior y la consulta del 1-O afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea.

Ante este escenario, el abogado Gonzalo Boye, en representación de Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, solicitó formalmente a la Comisión Europea la apertura de un procedimiento de infracción contra España bajo el amparo del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE. La defensa argumenta que el Tribunal de Cuentas está realizando una interpretación errónea de la sentencia del TJUE, lo que, a su juicio, supone una vulneración del principio de cooperación leal y del derecho a la tutela judicial efectiva.

El escrito de denuncia sostiene que la actuación del tribunal español implica una «inaplicación de facto» de la normativa europea al reabrir fases probatorias que, según los demandantes, el marco procesal no permitiría en esta etapa. Asimismo, recalcan que la suspensión del plazo de dos meses previsto en la ley de amnistía para el levantamiento de medidas cautelares mantiene bloqueados activos por valor de más de 9,5 millones de euros pertenecientes a los encausados.

Paralelamente a la comunicación enviada a Bruselas, la defensa de los líderes independentistas ha remitido una nota informativa al propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ella, exponen lo que califican como un «incumplimiento manifiesto y deliberado» del fallo emitido por la corte de Luxemburgo, instando a las instituciones europeas a intervenir para garantizar la uniformidad en la aplicación del derecho de la Unión en el Estado miembro.