El Ministerio de Derechos Sociales estima un impacto de 626 millones de euros si decaen los decretos de vivienda

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha advertido este viernes que la posible derogación de los dos reales decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados supondría un coste de 626 millones de euros para los hogares españoles. Según las proyecciones del departamento dirigido por Pablo Bustinduy, la falta de convalidación de estas medidas afectaría directamente a 8,4 millones de inquilinos, quienes quedarían expuestos a incrementos inmediatos en sus rentas de alquiler.

La caída del primer real decreto ley implicaría la supresión de la congelación en la renovación de los contratos al 0% para aquellas viviendas cuyos precios se sitúan por encima del índice del Ministerio de Vivienda (INAV). Asimismo, decaería la limitación del 2% establecida para los inmuebles que no superan dicho índice. El Gobierno sostiene que la vigencia de estas medidas es fundamental para contener el gasto de las familias en un mercado inmobiliario tensionado.

Estructura y contenido de las normas en debate

El debate parlamentario, programado para iniciarse a las 11:00 horas de hoy, somete a examen dos textos normativos diferenciados que emanan del acuerdo alcanzado el pasado martes en el Consejo de Ministros entre el PSOE y Sumar. El primero de ellos, que será defendido por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, contempla una batería de medidas orientadas a la suspensión de desahucios y la prolongación de contratos de arrendamiento.

Este primer decreto incluye, además, disposiciones para impedir que fondos de inversión adquieran activos residenciales con descuentos superiores al 70%, así como incrementos impositivos para las Socimis. En materia de fomento de la propiedad, el texto recoge beneficios fiscales para pequeños propietarios y programas de ayudas destinados a la adquisición de la primera vivienda.

Por otro lado, el segundo real decreto, impulsado específicamente por el sector de Sumar en el Ejecutivo y el Sindicato de Inquilinas, se centra en la prórroga automática de los alquileres. Esta norma entró en vigor este mismo viernes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado el jueves, por lo que su vigencia efectiva podría limitarse a escasas horas si no logra el respaldo mayoritario de la Cámara Baja. La defensa de este bloque corresponderá al ministro Bustinduy.

Contexto institucional

La tramitación de estos decretos se produce en un escenario de intensa negociación política entre los socios de coalición. El paquete de medidas fue diseñado para ofrecer una respuesta regulatoria a la problemática del acceso a la vivienda, combinando incentivos fiscales con mecanismos de control de precios y protección frente a lanzamientos judiciales. La votación de hoy determinará si estas disposiciones se consolidan en el ordenamiento jurídico o si, por el contrario, quedan sin efecto de forma inmediata.