La Audiencia Nacional rechaza suspender las inspecciones de Hacienda a Zapatero en el marco del caso Plus Ultra
El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dictado un auto por el cual rechaza la paralización de las investigaciones fiscales iniciadas por la Agencia Tributaria contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su entorno familiar y el empresario Julio Martínez Martínez. El juez considera que no concurren las circunstancias de prejudicialidad penal necesarias para suspender las actuaciones administrativas, permitiendo así que las inspecciones de Hacienda continúen de forma paralela a la instrucción judicial del caso Plus Ultra.
La resolución judicial desestima la solicitud de la Agencia Tributaria, que pretendía interrumpir los plazos de prescripción de la deuda tributaria bajo el argumento de que existía una causa penal en curso. El juez Calama, en consonancia con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, sostiene que en este momento procesal no se investigan delitos contra la Hacienda Pública, lo que invalida la posibilidad de aplicar la suspensión excepcional de las actuaciones inspectoras.
La Agencia Tributaria mantiene abiertas inspecciones relativas al IRPF, IVA e Impuesto sobre el Patrimonio de los investigados para el periodo comprendido entre 2021 y 2024. En el caso específico del expresidente Zapatero y su esposa, María Sonsoles Espinosa —quien no figura como imputada en la causa—, las comprobaciones se extienden también al Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas en el intervalo de 2022 a 2024.
El magistrado subraya en su auto que no existe una identidad sustancial entre los hechos que se instruyen en el juzgado y los que analiza la administración fiscal. Según el razonamiento jurídico expuesto, la coexistencia de ambas vías solo podría cuestionarse ante una «indefensión real y efectiva», circunstancia que no se aprecia en el actual escenario de las pesquisas sobre la presunta red de influencias vinculada a la aerolínea Plus Ultra.
No obstante, el instructor señala una excepción relativa a la pieza separada sobre las joyas halladas en la oficina del expresidente, cuyo valor se estima en 1,3 millones de euros. Si bien admite que este extremo podría tener relevancia fiscal y penal, el juez considera que su alcance está aún por concretar y no justifica por sí solo la suspensión general de las actuaciones de la Agencia Tributaria.
Por su parte, la defensa de Rodríguez Zapatero había solicitado el cese de las inspecciones al calificarlas de «caprichosas» y argumentar que la colaboración con Hacienda situaba al investigado en una «alternativa constitucionalmente diabólica». La representación legal sostenía que aportar documentación podría derivar en una autoincriminación, extremo que el juez ha descartado al considerar que la entrega de documentación preexistente no implica una colaboración activa o creación de nueva información incriminatoria.
Finalmente, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha instado a la Agencia Tributaria a que, en caso de hallar indicios de delito fiscal durante sus actuaciones, lo ponga de inmediato en conocimiento del juzgado para su valoración. La investigación principal continúa centrada en determinar si existió una red de intermediación ante instancias públicas para favorecer a terceros, en la que el empresario Julio Martínez es señalado como figura clave.
