La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha reivindicado este jueves la independencia de los magistrados durante el solemne acto de apertura del Año Judicial. Ante el Rey Felipe VI y las principales autoridades del Estado, Perelló ha subrayado la «extraordinaria gravedad» que supone cuestionar la imparcialidad de los tribunales bajo argumentos de índole política, instando a un respeto institucional hacia la función jurisdiccional.
Durante su intervención, la magistrada ha advertido que las descalificaciones personales y las críticas sistemáticas a las resoluciones judiciales pueden constituir una forma de presión indebida. Perelló ha enfatizado que la labor del Poder Judicial debe mantenerse ajena a las coyunturas partidistas, señalando que acusar a jueces y tribunales de actuar por motivaciones ajenas al derecho debilita los cimientos de la separación de poderes en el marco constitucional.
El discurso de la presidenta del CGPJ se produce en un escenario de notable tensión entre el Poder Ejecutivo y diversos sectores de la judicatura. Este clima ha sido analizado por comunicadores como Carlos Herrera, quien ha denunciado lo que califica como una campaña de «acoso» contra los jueces que instruyen causas que afectan al entorno del Gobierno de Pedro Sánchez. Herrera ha vinculado la agresividad en el discurso político con las discrepancias en torno a la Ley de Amnistía y las investigaciones abiertas a familiares del presidente del Ejecutivo.
En el ámbito del análisis mediático, se ha puesto el foco sobre las críticas dirigidas a jueces específicos como Juan Carlos Peinado o María Tardón. Esta última, encargada de la investigación relacionada con la crisis migratoria en Ceuta, ha sido uno de los ejemplos citados para ilustrar la presión sobre los magistrados. Durante el acto, que contó con la presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se evidenció la necesidad de establecer canales de respeto mutuo ante la creciente polarización.
Por otro lado, la actualidad judicial y política permanece vinculada a la gestión de la crisis migratoria y la seguridad nacional. Analistas como David Mejía han señalado la complejidad de la relación entre el Gobierno de España y Marruecos, sugiriendo que la política exterior del Ejecutivo podría estar condicionada por incidentes previos, como la entrada masiva de personas en Ceuta en 2021. Mejía ha cuestionado la capacidad de previsión del Ejecutivo y la efectividad de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ante escenarios de presión diplomática.
El inicio de este nuevo curso judicial marca una etapa clave tras la reciente renovación de los órganos de gobierno de los jueces. La declaración de intenciones de Isabel Perelló sitúa la defensa de la carrera judicial como la prioridad del nuevo mandato del CGPJ, en un intento por blindar la institución frente a las dinámicas de confrontación política que han caracterizado los últimos ejercicios.
