Carmen Calvo reclama reformas legales y mayor control institucional tras la condena a José Luis Ábalos

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha instado este lunes a realizar una reflexión profunda sobre los mecanismos de control en la administración pública tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos. En una intervención institucional, la exvicepresidenta del Gobierno ha abogado por la implementación de nuevas fórmulas legales que impidan la repetición de conductas irregulares en el seno de las instituciones del Estado.

Durante una entrevista en Radio Nacional de España, Calvo ha cuestionado los instrumentos actuales de fiscalización y ha planteado la necesidad de adoptar medidas legales más estrictas. «¿Qué controles, qué fórmulas institucionales y legales tenemos?», se ha preguntado la presidenta del máximo órgano consultivo del Gobierno, subrayando que la entrada en prisión de un exministro debe obligar a los responsables públicos a analizar los fallos del sistema para evitar que estos episodios vuelvan a producirse.

La presidenta del Consejo de Estado ha mostrado una especial preocupación por la proyección pública de figuras implicadas en tramas de corrupción. En referencia al empresario Víctor de Aldama, Calvo ha rechazado que una persona identificada como «corruptor» pueda ser tratada como un «referente ético» en el debate social. Según ha indicado, este fenómeno no representa una salida constructiva para un país que requiere centrarse con rigor en el fortalecimiento de sus estándares de integridad.

En el ámbito personal y político, Calvo ha reconocido el «dolor» que le produce la condena de quien fuera su compañero de gabinete durante la primera legislatura del presidente Pedro Sánchez. La exministra ha señalado que este tipo de comportamientos «arrollan el trabajo honesto» de numerosos servidores públicos y contribuyen a generar un clima de desconfianza ciudadana hacia el sistema democrático.

Finalmente, la presidenta del Consejo de Estado ha hecho un llamamiento a la responsabilidad compartida para erradicar las prácticas corruptas. Según Calvo, el mensaje ético derivado de la sentencia del ‘caso mascarillas’ debe ser el de la colaboración total entre los distintos estamentos para asegurar que no existan espacios ni para quienes corrompen ni para quienes se dejan corromper, protegiendo así la reputación de la gestión pública.